El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado suspender la contratación irregular que realizó el Minetur, a través de IDAE, que tenía por objeto que dos consultoras estimaran las inversiones que realizaron las 55.000 familias españolas productoras de energía solar fotovoltaica para, posteriormente, atribuirles una supuesta rentabilidad razonable que, en la práctica, arruinaría a todo este colectivo.