La UE eleva de 32 a 42,5% el objetivo de renovables para 2030

La Unión Europea actualizará su Directiva sobre Energía Renovable para aumentar el objetivo de implantación hasta 2030, que pasará del 32% a 42,5% en 2030 e introducirá, de manera estable y no con carácter excepcional como hasta ahora, la obligación de que los Estados miembros aceleren el proceso administrativo para autorizar la instalación de parques fotovoltaicos o eólicos. Este trámite no podrá superar los 12 meses en zonas de prioridad para renovables y 24 meses para el resto, en un proceso que incluirá el ‘silencio administrativo’, de modo que si en ese plazo la Administración correspondiente no se pronuncia serán por autorizados.

«Un proceso hoy para la construcción de un parque puede durar de cinco a siete años, es muy largo», ha dicho en rueda de prensa desde Bruselas el ponente del Parlamento Europeo, el conservador alemán Markus Pieper. «Si al final de 12 meses el proyecto no son autorizados por los Estados miembros, se consideran automáticamente autorizados», ha afirmado.

Así figura en el acuerdo provisional que han cerrado las dos instituciones en torno a las 7 de la mañana para actualizar una directiva que, visto el desarrollo de las energías renovables de los últimos años y del ‘despertar’ a la necesidad de las mismas para sustituir al gas para luchar contra el cambio climático y evitar ‘chantajes’ energéticos con él, se había quedado cortas. Además el pacto cierra, momentáneamente al menos, el contraataque francés para promocionar la energía nuclear como si fuera renovable porque los objetivos que se han acordado son solamente para renovables. «No se calculará dentro de los objetivos de renovables», ha aseverado Pieper.

El Consejo y Parlamento Europeo han acordado elevar diez puntos ese objetivo para 2030, cuando el 42,5% del consumo final de energía en la UE deberá ser renovable, aunque añade que «los Estados miembros deberían esforzarse para llegar al 45%», apuntan en un comunicado este jueves pocas horas después de un acuerdo que no se conocerá en detalle hasta dentro de unos días.

En el sector de los transportes, el pacto establece que el despliegue de renovables debería conducir a la reducción en un 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el empleo de biocombustibles o hidrógeno renovable. Además, los gobiernos europeos deberán fijar «un objetivo indicativo de al menos el 5%» de capacidad de potencia instalada de tecnologías renovables innovadoras.

Estos objetivos tendrán que ser asumidos por cada país de la UE. En España, el Ministerio de Transición Ecológica ultima una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con el propósito de elevar los objetivos de renovables, que ya en 2020 determinó un 42% de renovables en el uso final de energía para 2030 y una reducción del 23% de emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 en el sector residencial, comercio y servicios, en transportes, generación eléctrica e industria.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado esta mañana el acuerdo para actualizar la directiva europea, a través de un mensaje en Twitter en el que ha destacado lo mucho que ha costado alcanzarlo y en el que ha reconocido en especial el trabajo del eurodiputado socialista español Nicolás González Casares, ponente en la sombra de la posición del Parlamento Europeo.
En paralelo al aumento de generación de electricidad con fuentes renovables, la nueva directiva que deberán adaptar los gobiernos a sus legislaciones nacionales incluye la obligación de que estos aceleren el proceso administrativos para autorizar la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos.

«La legislación también acelerará los procedimientos para otorgar permisos para nuevas plantas de generación de energías renovables, como paneles solares o aerogeneradores, o para adaptar las que ya existen», han acordado los Veintisiete y la Eurocámara. En concreto, la autorización no podrá demorarse más de un año cuando el parque renovable vaya a instalarse en una zona prioritaria ni dos años cuando se ubique fuera de ellas.