La prórroga alemana a las centrales abre la puerta a otro modo de financiar las energías renovables por Antonio Cerrillo

Hasta ahora, el debate sobre la energía nuclear en España se había enquistado en dos posiciones, representadas por partidarios y detractores de su continuidad.

Sin embargo, el Gobierno alemán abre una tercera vía al prolongar el funcionamiento de las nucleares (doce años de media) a cambio de un impuesto para retornar los beneficios extras. Al alargarse la fecha tope de las centrales (desde el 2022 hasta el 2035), las eléctricas alemanas obtendrán 127.000 millones de euros de beneficios adicionales, pero se les gravará con 30.000 millones en impuestos que en parte se destinarán a promover las energías renovables (aerogeneradores de energía eólica, fotovoltaica, termosolar) y la gestión de residuos radiactivos.

La idea de prolongar la vida de las centrales a cambio de impuestos ya fue planteada en el 2006 en un informe del Gobierno catalán elaborado por el economista Josep Garriga. "También lo llamamos plan puente, y pretendía igualmente facilitar una transición hacia las energías renovables", recuerda. Garriga proponía que, una vez garantizada su seguridad, las nucleares tuvieran cinco años más de actividad (tras 40 años de vida) y que en ese periodo los beneficios se destinaran a las fuentes renovables (50%) y otros fines (seguridad, entorno de las centrales…).

La idea de que las nucleares financien las renovables "es razonable", según Hugo Morán, responsable de medio ambiente del PSOE, "porque eso supondría liberar el esfuerzo que comporta el impulso de las renovables con recursos públicos" (primas que paga el ciudadano en las tarifas de la luz). Morán añade que "las centrales nucleares están amortizadas" y que "deberían ser las propias empresas explotadoras las que destinaran una parte de los beneficios a tender hacia la transformación de sus modos de producción". "Y algunas ya lo están haciendo", sentencia.

"Las nucleares están generando unos beneficios excesivos, incluso en la situación actual y sin alargar la vida, pues fueron amortizadas con cargo a las ayudas que recibieron" a partir de 1997 para adaptarse a un mercado liberalizado, sostiene Marcel Coderch, doctor en Ingeniería Eléctrica por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). "Deberíamos dedicar esos beneficios a preparar el futuro para el caso de que las nucleares no nos puedan servir. Yo pondría esa tasa para la generación nuclear". Coderch precisa que España no necesita plantearse aún la prolongación de la vida de las nucleares, pues el futuro de esta energía "es incierto" y conviene esperar a ver los resultados de las prórrogas acordadas en otros países. Además, tras el cierre de Garoña (2013), no hay mayor urgencia.

"Este impuesto se puede aplicar ya. Las centrales están amortizadas. Si España implantase una tasa nuclear similar a la alemana (120 euros por gramo de uranio), podría recaudar 14.000 millones de euros, lo que reforzaría el liderazgo de nuestro país en unas tecnologías bajas en carbono que tendrán un papel clave en la recuperación económica", dice Jordi Ortega, profesor del máster Economía del Cambio Climático de la Universitat de Barcelona.

En cambio, la patronal Unesa niega que las nucleares estén amortizadas. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, señala que el acuerdo del Gobierno alemán "demuestra que la decisión sobre el cierre de Garoña puede ser reconsiderada también". Sin embargo, no cree que el modelo tenga repercusión. "Sería un atropello, algo descabellado e inviable, que partiendo de escenarios tan distintos se aplicasen medidas similares. Las empresas eléctricas sólo van a abordar aquello que les salga a cuenta", dice. Domínguez afirma que "los contribuyentes ya pagan todos los costes de generación y las centrales nucleares están haciendo inversiones y ya pagan tasas de almacenamiento de residuos", y destaca el esfuerzo del Gobierno alemán en favor de la industria del país.

El almacén de residuos, en el limbo

El proyecto de un gran almacén temporal central (ATC) para los residuos nucleares de alta actividad está en el limbo. Debía decidirse su ubicación en junio, pero el Ministerio de Industria lo tiene aparcado. Este asunto se incorporó al debate del pacto sobre energía con el PP. Pero el pacto no avanza. "Desde el momento en que el PP pone como condición que se revise el cierre de Garoña, no se puede avanzar. El PP bloquea; y la posición del Gobierno alemán les debería hacer recapacitar", dice Hugo Morán. Garoña estaría en el esquema alemán en la fase de prórroga de funcionamiento.

‘Beneficios caídos del cielo’ para las centrales

Los partidarios de gravar las nucleares invocan los altos beneficios que estas han obtenido al favorecerse con la ayuda fijada en 1997.

Los partidarios de gravar las nucleares invocan los altos beneficios que estas han obtenido al favorecerse con la ayuda fijada en 1997 en concepto de costes de transición a la competencia y por las ventajas del sistema regulador de precios. Martín Gallego Málaga, que fue secretario general de Energía con Felipe González, ha venido explicando que las nucleares actuales tienen altos beneficios gracias a que venden su producción a un elevado precio. Esto se debe al peculiar sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico mayorista, en el que las empresas compran la luz como en una lonja. Así, el sistema va ofertando la electricidad según la evolución de la demanda, pero al final todas perciben el precio más alto (al margen de los costes de generación que se den en cada caso). En esta lonja, el sistema eléctrico aporta primero la nuclear (que no puede dejar de funcionar), luego las renovables (cuya producción debe de ser adquirida obligatoriamente), a continuación se echa mano de la hidroeléctrica en ocasiones, y, finalmente, se recurre al gas y al carbón, que suelen ser las más caras. Y este último precio es el que perciben las empresas hidroeléctricas y nucleares, aunque sus costes son muy inferiores.

El resultado es que estas empresas cobran muchísimo más de lo que se les prometió cuando realizaron sus inversiones, porque han amortizado sus costes y siguen percibiendo precios de mercado muy superiores a los costes, ha venido exponiendo en varios artículos Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III.

Los precios que perciben estas compañías (que básicamente recogen los precios de los costes de pagar el gas y el petróleo, pero no sus costes más baratos) son conocidos como beneficios caídos del cielo y han centrado la atención de la Comisión Nacional de la Energía. Según dijo la semana pasada el diputado Joan Herrera (ICV) en el Congreso, los beneficios caídos del cielo fueron 3.600 millones de euros en el 2008.

Un informe de la Comisión Nacional de la Energía, del 20 de mayo del 2008, señaló que "los cambios producidos en el modelo regulatorio retributivo han desconfigurado su coherencia interna y disminuido su capacidad para revelar los costes de generación". También habla de que se ha abierto "una importante brecha entre los precios que determina el mercado para la generación de la electricidad y los costes de generar esa misma electricidad".

Los expertos consultados exponen que, de la misma manera que con el cambio regulatorio las eléctricas dijeron que recibirían menos dinero, y por eso se les compensó, ahora se debería devolver a los consumidores lo cobrado de más (con relación a lo que tendrían que haber pagado con la anterior). Natalia Fabra pidió en un artículo en Cinco Días que "los beneficios regulatorios supranormales" fueran "a las energías renovables o al coche eléctrico".

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