La industria fotovoltaica española rechaza el impuesto a las renovables que quiere imponer Aragón

El impuesto a la instalación de energía renovable que quiere poner en marcha el Gobierno de Aragón ha despertado un fuerte rechazo entre la industria. Desde el sector se han mostrado en “desacuerdo” con esta nueva tasa que grabaría los parques que se proyecten a lo largo del territorio, y avisan de que supondrá un importante freno a la competitividad de la Comunidad.

Así se lo ha transmitido este jueves el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, a la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, en un encuentro que califican como positivo, ya que también han tratado asuntos como el interés en promover las comunidades energéticas o las firmas de convenios de buenas prácticas.

Respecto al impuesto, que actualmente se encuentra en fase de información pública, desde la industria fotovoltaica rechazan los argumentos del impacto ambiental de las plantas, ya que creen que generan un “impacto positivo en la biodiversidad”, además de una destacada influencia socioeconómica para los municipios. Su objetivo es gravar aspectos como la altura y diámetro de los aerogeneradores, ya que también afectaría a la eólica-, las hectáreas dedicadas a fotovoltaica o los kilovatios en las redes de transporte de electricidad.

José Donoso lamenta que se trate de un impuesto únicamente recaudatorio, ya que “no va a corregir esos supuestos impactos medioambientales”, sino que “es puramente generalista, ya que irá a los Presupuestos de la Comunidad”. “Queremos dialogar. No es que no queramos pagar impuestos. Nuestras empresas, solo a nivel municipal, pagan 10.000 euros/megawatio al año. Es un impuesto sobrevenido e injusto”, ha expuesto el director general de UNEF, asociación que agrupa a 815 empresas de la industria fotovoltaica.
Donoso también se ha defendido de las críticas que llegan desde diversos puntos del territorio a la instalación de los macroparques, con partidos como Teruel Existe pidiendo reiteradamente una ordenación de los proyectos de renovables. Sobre ello, el responsable de esta asociación defiende que las iniciativas se someten a exhaustivos controles por parte del Ministerio. “Todo el mundo puede opinar, pero somos un Estado de Derecho y hay que respetar normas y regulación. Todos los proyectos deben presentar un estudio de impacto ambiental, que es analizado por las autoridades. Si es bueno, no hay mucho que decir y se puede llevar a cabo”, ha afirmado.

Además, considera que “detrás de estas campañas” hay “unos intereses competitivos por el uso del suelo”. “En lugar de expresas que son intereses económicos, se amparan tras la bandera del paisaje. Nuestra tecnología no tiene ningún impacto negativo, sino que se convierte en una especie de reserva de la biodiversidad durante 30 años”, ha señalado, proponiendo la instalación de muros vegetales con especies autóctonas alrededor de los parques.

Este mismo miércoles se ha dado el pistoletazo de salida a la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón que estudiará la implantación de las renovables en el territorio y la gestión del Inaga durante la última legislatura. Esta se alargará durante unos seis meses y acogerá a distintos comparecientes para resolver las dudas acerca de la legalidad en su aprobación, así como proponer unas reglas al Ejecutivo. Las reuniones comenzarán ya la próxima semana.