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La corte internacional perteneciente al Banco Mundial, el Ciadi, ha dictaminado a España el pago de una sanción de 128 millones de euros, consecuencia de los distintos recortes a las energías renovables desde el año 2010.
Eiser Infrastructure Limited denunció después de una inversión de 1.000 millones de euros y el posterior impacto en varios proyectos ante las reformas del sector eléctrico. El Ministerio de Energía ha señalado que la sentencia no cuestiona el derecho de España a realizar las modificaciones apropiadas para atender las necesidades públicas.
España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional del Banco Mundial para la resolución de cuestiones comerciales, el Ciadi, debido a los recortes a las energías renovables. termosolar, eólica y fotovoltaica, desde el año 2012. Por ello, el Estado Español afronta una sanción de 128 millones de euros frente a los más de 300 que solicitaban los demandantes, aunque esta cifra podría ser incluso superior ante la enorme cantidad de demandas en curso.
El dictamen llega tras el proceso iniciado en 2013 y está de lado de la británica Eiser Infrastructure Limited que invirtió unos 1.000 millones de euros en distintos proyectos en España en 2007, momento de máximo apogeo del sector de las energías renovables y en el que se aprobó el real decreto 661/2007. Sin embargo, posteriormente se produjo una modificación normativa que llevó a provocar recortes retributivos desde el 2010 hasta el 2013, fecha de la aprobación de la reforma del sector eléctrico.
La compañía demandante resultó drásticamente afectada dado que el recorte llegó hasta el 50% de la tarifa aprobada por el Gobierno en 2007. La consecuencia fue la detención de varios de los proyectos puestos en marcha conjuntamente con Elecnor y la firma de ingeniería Aries.
La resolución del Ciadi sobre el caso del fondo británico Eiser abre la puerta a una avalancha de sentencias y de nuevas denuncias que puedan presentar los inversores afectados por el ‘hachazo’ a las energías renovables. En concreto, el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial tiene pendientes de resolver otros 26 casos más, que ya han sido puestos sobre la mesa desde el momento en el que el Gobierno aprobó su reforma eléctrica. La última de esas denuncias fue planteada en el mes de agosto del año pasado y su resolución será la que más meses tarde en llegar.
Aunque el contexto de cada instalación debe ser tratado de forma diferente, el laudo contrario al Estado puede hacer un importante agujero a las arcas públicas. Porque desde el sector estiman que el conjunto de reclamaciones podría tener un valor superior a los 1.000 millones que el Gobierno se vería obligado a abonar para cumplir con las sentencias del organismo de mediación internacional.
El Ministerio de Energía ha comunicado que la sentencia alude al impacto en las tres centrales termosolares en las que participaba Eiser, dos de ellos en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real y la tercera, en Badajoz. Ésta no se ampliaría a otras instalaciones.
Los distintos recortes aplicados por los Gobiernos habidos desde el año 2010 han provocado la suma de hasta una treintena de demandas pertenecientes a varias compañías internacionales y durante el período de 2010 a 2013. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital decidirá si recurre finalmente el dictamen del tribunal internacional, fallo que implica la primera derrota de España en relación a las reducciones que afectaron a las energías renovables. Según responsables del Ministerio, la sentencia no alude a la reforma eléctrica del Ejecutivo en 2013, que «permitió acabar con el déficit de tarifa».
