Comunidad Valenciana y Murcia contra el decreto de la fotovoltaica

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

El Gobierno regional consiguió el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a la iniciativa del presidente Ramón Luis Valcárcel para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley que castiga la energía fotovoltaica de forma retroactiva.

En opinión de Valcárcel "pone en peligro las inversiones de miles de ciudadanos en este ámbito de producción energética, acarrea la pérdida de centenares de puestos de trabajo y genera el cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas en este incipiente sector productivo".

La adhesión de la Generalitat tras la reunión que mantuvo el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, y los representantes de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) forma parte del trabajo que está haciendo el Ejecutivo regional para sumar al resto de comunidades autónomas en el recurso contra la tercera modificación sobre la normativa relativa a producción que se aplica a este sector desde 2008.

Así, el Real Decreto Ley 14/2010 que realizó el Gobierno español el pasado mes de diciembre incide de forma especial en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal. Entre los cambios más destacados se encuentran la limitación de las horas de producción o la imposición de un peaje para cualquier productor.

Tras la reunión con Camps, Marín resaltó que "el presidente Valcárcel impulsa este recurso de inconstitucionalidad porque no sólo supone un grave prejuicio en pérdidas de puestos de trabajo y destrucción de pymes, sino porque la improvisación del Gobierno de Zapatero crea incertidumbre y desconfianza internacional para atraer inversiones y proyectos industriales".

En este sentido, han citado como ejemplo de esta incertidumbre el hecho de que, según la normativa comunitaria específica, los gobiernos deben asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a los inversores unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos como los que plantea el Decreto Ley 14/2010.

Marín, acompañado de los representantes de Anper, a los que el pasado martes Valcárcel anunció la presentación del recurso, expuso a Camps las líneas de la iniciativa, así como la necesidad de actuar de forma conjunta para evitar la destrucción de empleos que generará este "nuevo cambio de las reglas de juego".