Las energías renovables esperan otra política

Tal vez el mínimo común denominador del abanico de opiniones oficiales y opositoras sobre el problema energético argentino sea la necesidad de reducir la excesiva dependencia que hoy tenemos de la energía fósil. Entre gas natural (51%) y petróleo (39%), dependemos casi un 90% de los hidrocarburos para satisfacer nuestras necesidades de energía primaria. El panorama también se complica cuando avanzamos en la transformación de energía primaria en energía eléctrica. Históricamente, la participación de la generación térmica en la producción de electricidad estuvo alrededor del 50%, pero últimamente esa participación fue creciendo desde la década del 90 y en los últimos años alcanzó al 60% ante la escasez de nuevos proyectos hidroeléctricos y nucleares de envergadura. En el balance de generación eléctrica de estos meses, el 68,3% fue de origen térmico, el 26,1% hidroeléctrico, el 5,1% nuclear, el 0,2% eólico y el 0,3% fue importado. Sin la irrupción de nuevos proyectos hidroeléctricos, de nuevos aportes de energía nuclear y de una mayor penetración de la energía eólica, y otras fuentes renovables, la dependencia de los fósiles seguirá aumentando. En los papeles, el Gobierno se propuso impulsar las energías alternativas de origen renovable. La Ley 26.190 establece que para el año 2016, el 8% de la demanda eléctrica deberá ser abastecida por energías limpias (solar, biomasa, eólica, biodiesel e hidroeléctricas menores a 30 MW). En junio se cumplieron 2 años desde la adjudicación de proyectos de energía renovable en el marco del programa oficial Genrem. El programa se puso en marcha a través de una licitación que apuntaba a adjudicar la instalación de 500 megavatios (MW) de potencia ?alternativa?. Se recibieron propuestas por 1400 MW, y Enarsa, a cargo del proceso licitatorio, adjudicó la construcción de 895 MW provenientes de parques eólicos (17 parques que aportarían 754 MW de electricidad), plantas fotovoltaicas (20 MW), biocombustibles (110 MW) y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (10.5 MW). Según datos de la Secretaría de Energía los 32 proyectos encuadrados en el Genrem comprometían inversiones por más de u$s 10.000 millones. Los datos al día de hoy muestran que los objetivos de la ley de promoción y los proyectos del Genrem que apuntaban a viabilizarlos están lejos de cumplirse. En el año 2011 y en lo que va del año 2012 sólo se generaron a partir de las nuevas fuentes 1512,2 gigavatios hora (GWh) lo que representa el 0,97% de la demanda eléctrica total del país. La fuente que más participación ha tenido hasta ahora entre estas renovables promocionadas es la generación de pequeñas centrales hidroeléctricas con 1257,4 GWh (83,2% del total), seguidas por la generación eólica con 106,8 GWh (7,1%), luego la generación a base de biomasa con 103,2 GWh (6,8%) y la generación con biodiesel con 42,2 GWh (2,8%). La generación eólica, con los ingresos de los parque eólicos de Rawson (77,4 MW) y Arauco (25 MW) producidas a principios del año 2012, aumentará su participación relativa, pero el aporte total de estas fuentes renovables seguirá siendo insignificante en la matriz de generación eléctrica. Los proyectos adjudicados tienen demanda asegurada y precios garantizados que promedian los u$s 126 el MW/h (el precio mayorista de la energía eléctrica proveniente de fuentes no promocionadas es de $ 120 MW/h). Pero los adjudicatarios tienen que afrontar las obras con recursos y financiamiento propio. El esquema hace aguas por las dos puntas. Los inversores no consiguen financiamiento para iniciar las obras porque todos dudan de la capacidad de Enarsa de garantizar el flujo de repago con fondos públicos en un contexto de política energética donde prima la intervención discrecional y el cortoplacismo. Si estos proyectos de energía alternativa y escala reducida que cuentan con un régimen de promoción especial se retrasan y se frustran, imaginemos lo que sucede con los otros grandes proyectos de inversión (hidroeléctricos o nucleares) librados a los vaivenes del populismo energético. O los hace el Estado con recursos propios, sin reparar en tiempos de ejecución y en costos de la obra, o no se hacen. Corolario: la política energética vigente nos condena a ser más dependiente de los recursos fósiles, y, al mismo tiempo, impide el desarrollo de su potencial, obligando al país a importar cantidades crecientes.