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Las subastas para proyectos de eólica que saldrán en abril abren oportunidades para el desarrollo en la región. Empresas extranjeras estudian el potencial eólico de la zona, pero las locales también piden pista. ¿Hay capacidad para poder cubrir las necesidades?
El mercado de las energías renovables empezó a moverse. A pesar que todavía no fue publicado el decreto reglamentario de la ley 27.191, el presidente Mauricio Macri anunció que en los últimos días que en abril saldrían los pliegos para las subastas de proyectos de energías verdes, por lo que se estima que en junio se licitarán.
El mundo mira como sopla el viento en estas tierras y hace unas semanas empresas y asociaciones nucleadas en el Global Wind Energy Council (GWEC) -el mayor conglomerado de la industria eólica a nivel mundial- llegaron al país a interiorizarse sobre las condiciones del mercado local, para planear su desdembarco.
Las nuevas firmas se unirán con otras que hace años trabajan en el país. La alemnana Abo Wind es una de ellas y entre los proyectos a concretar tiene tres en la provincia. Uno en El Chocón, con todo listo para instalarse, que está trabado por la suspensión de la Resolución 108, que regulaba el negocio. Y hay otros dos en la zona de Vaca Muerta.
La empresa mendocina IMPSA, por su parte, inauguró hace poco su nueva planta de aerogeneradores en Mendoza con una capacidad de producción de 150 equipos de 2 MW por año. También están poniendo en marcha el parque de El Jume en la provincia de Santiago del Estero y ejecutando otro en La Rioja.
«Hay una importante red de empresas argentinas que están dentro del Cluster Eólico formado por más de 60 compañías que aseguran productos de muy buena calidad y performance», dijo el ingeniero Jerónimo Majorel, gerente de IMPSA.
La licitación de los contratos de compra venta de energía de los parques eólicos al Estado, a través de Cammesa, es un evento esperado. La nueva ley establecerá beneficios para los inversores, relativos a tratamientos fiscales diferenciados, exenciones a impuestos, certificado fiscal con base de cálculo en el componente nacional de la provisión de equipamiento y la eliminación de los aranceles de importación de bienes terminados o partes para ser integradas.
Para los que demuestren integración de industria nacional, por su parte, también tendrán acceso al financiamiento a través del FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables). «Si bien en el país hay fábricas de aerogeneradores no están al nivel de las internacionales. Los proveedores a su vez, no tienen economía de escala, lo que es lógico porque nadie les compraba hasta ahora. Eso las encarece, por eso la ley compensará el sobrecosto», dijo la CEO para Latinoamérica de Abo Wind, Vanesa Revelli.
Los cambios de gobierno en el país hoy parecen provocar borrones y cuenta nueva. La Resolución 108, que regía hasta ahora, está suspendida y mientras que no se reglamente la nueva ley no se sabrá que pasará con los proyectos que estaban incluidos allí. Todos ellos quedaron atrapados en una especie de limbo.
Para Majorel, cada proyecto debería ser analizado en forma individual. «Estas resoluciones fueron los primeros pasos en el desarrollo de renovables en la Argentina. A Brasil le tomó 6 años implementar su primer programa, PROINFA». Para Revelli, «el mecanismo de contratación lo debe elegir el nuevo gobierno y está bien que no sigan incluyendo nuevos proyectos, pero debería analizarse técnica y financieramente cada uno de los que están en condiciones firmarse para darle una conclusión».
Por Lorena Vincenty
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