El informe que destruye empleos renovables por Jesús Abadía

El presidente del Instituto Juan de Mariana, defensor de las posturas más ultraliberales –en términos económicos– ha publicado, con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, un documento titulado "Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources" que ha tenido eco, especialmente, en diversos medios internacionales.

Sólo esto último, su repercusión fuera de nuestras fronteras, justifica nuestra decisión de salir al paso de sus conclusiones ya que, tanto la metodología utilizada –sobrada de limitaciones y escasa de rigor– como la interpretación más que cuestionable de sus resultados, merecerían el más absoluto de los silencios.

Desde el primer párrafo se manifiesta el objetivo de participar en la política norteamericana para cuestionar la apuesta por las energías renovables del nuevo presidente de los Estados Unidos y deja claro que responde más a un encargo para lograr un titular sensacionalista que al objetivo de analizar a fondo el sistema de apoyo a las energías renovables en nuestro país.

Esto se evidencia aún más por el enfoque del estudio que se limita a analizar la repercusión de este sistema exclusivamente en el empleo, como si los incentivos a las renovables, que ha otorgado el consenso político de los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder en España, fueran el fundamento de un plan de empleo.

En efecto, las cuarenta páginas del documento ignoran que el objetivo fundamental de la existencia de las primas en nuestro país es evitar tanto los problemas medioambientales de las tecnologías convencionales como reducir la altísima dependencia del exterior en materia energética.

Consumidores eléctricos

Luego el estudio cae en numerosos errores como lo es hablar de "subsidios públicos a renovables" (comienza con "public investment"…) como base de su argumentación y oculta que el sistema español, como el alemán, consiste en que los consumidores eléctricos (no los Presupuestos del Estado) pagan unas tarifas por un servicio a partir de las cuales se obtiene una recaudación, y a partir de esa recaudación se conceden apoyos a unas tecnologías de generación eléctrica con importantes externalidades positivas. No es cierto por tanto, como se afirma, que el sector público detrae recursos de la economía para financiar renovables.

En segundo lugar, no menos importante, emplea una metodología que se limita a calcular dos ratios de forma estática sin tener en cuenta otras consideraciones fundamentales sobre el crecimiento en la producción total de la economía y la transferencia de recursos intra sectorial. Una de las alternativas para afrontar una cuestión de este estilo podría consistir en hacer un análisis input-out, ampliamente utilizado en la ciencia económica.

De esta forma, se obtendría el impacto de la promoción de las energías renovables sobre PIB. Esta metodología ha sido utilizada por el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, realizado por Deloitte, donde se demuestran unos resultados muy positivos en términos de creación de riqueza para la economía española.

No tiene en cuenta en ningún momento que si no se produce la energía con renovables deberá producirse con otros recursos que: en muchos casos son menos intensivos en mano de obra; suponen importaciones de combustibles fósiles del exterior que tienen un impacto negativo sobre el conjunto del PIB de la economía; y tienen una prima de riesgo sobre su precio que los encarece.

Pero lo más sorprendente es la interpretación de las dos ratios que calcula para obtener la conclusión de que las renovables destruyen 2,2 empleos por cada uno que crean. Sólo pueden entenderse suponiendo que se deja de dedicar una unidad de recursos a inversión en capital privado para dedicarla a subsidios renovables, un supuesto muy restrictivo de suma cero en el que la economía no crece y simplista, que parte de una percepción errónea.

Esa misma ratio se podría interpretar de otra forma, diciendo que el sector renovables es el doble de intensivo en capital físico y tecnológico que la media de la economía (por cada empleo hay mucho más capital físico y tecnológico), algo que sería muy positivo y es el modelo económico que se pretende alcanzar.

Cuando el estudio calcula el "subsidio" anual de las renovables por trabajador y la productividad anual por trabajador utilizando como periodo de referencia los próximos 25 años, no tienen en cuenta que el incremento de los precios energéticos convencionales reducirá sustancialmente el importe anual de las primas a las renovables. De hecho, la Agencia internacional de la Energía en el World Energy Outlook 2008 estima que el precio del petróleo alcanzará en 2030 los 125 dólares por barril en términos reales.

Estudios sobre renovables

El informe utiliza para estos cálculos las cifras más bajas y obsoletas de empleo citando un informe de 2004 con datos de 2000. Los 20.000 empleos directos que menciona distan un universo de los 89.000 empleos directos que certificaba el estudio de ISTAS (2007) o los 73.800 empleos que daba el Balance Energético recientemente publicado por el Ministerio de Industria.

Una aproximación a las cifras del resto de estudios publicados en los últimos tiempos desbarataría las ya de por sí absurdas fórmulas empleadas.

Pero hay más: cuando culpa a las renovables de la pérdida de empleo por un supuesto efecto "crowding-out" no lo demuestra. No tiene en cuenta todo el valor añadido de los empleos verdes (que excede a los empleos directos) y no enmarca las primas en un plazo razonable.

La ratio subsidio/capital, no tiene en cuenta que los empleos verdes tienen mayor valor añadido y por tanto mayor creación de capital. No se hace el mismo análisis con otros sectores, probablemente porque no sean capaces de crear empleo.

Por otra parte, en contra de lo que se afirma, ni el sector de energías renovables ha dejado sin financiación a otros agentes privados, ni mucho menos el Estado ha competido con el sector privado en la captación de recursos financieros para financiar el desarrollo renovable, incrementando los tipos de interés y encareciendo el crédito. Sólo el hecho de, mencionar el "crowding-out" en este sentido muestra un profundo desconocimiento del funcionamiento del sector eléctrico y merece un suspenso en primero de Economía.

Cuando el estudio presenta una diatriba tremenda sobre el encarecimiento de los precios eléctricos en nuestro país lo hace sin aportar una sola tabla comparativa de precios de la electricidad con el resto de países, obviamente porque tenemos precios más bajos que nuestro entorno.

Los testimonios que recoge justificando la deslocalización por el incremento de los precios eléctricos debidos a los subsidios a las renovables se caen por su propio peso, al tratarse de sectores cuyo declive se había iniciado muchos antes de que los incentivos a las renovables tuvieran un peso significativo en nuestro sistema y que además son sectores que, en algunos casos, se han beneficiado de precios subsidiados.

Resultados satisfactorios

En definitiva, el estudio pretende descalificar una de las políticas más positivas que se han aplicado en nuestro país con unos resultados muy satisfactorios por la eficiencia y eficacia del sistema de apoyo al precio que perciben las energías renovables; una apuesta que contribuye notablemente a la reducción de las emisiones de GEI; que incrementa nuestra capacidad de autoabastecimiento reduciendo significativamente la factura de los combustibles fósiles; y, que además ha tenido unos efectos muy positivos socioeconómicos entre los que destaca la creación de puestos de trabajo sostenibles.

Lo que sí puede destruir empleos son informes como este, con aproximaciones muy alejadas de la múltiple y rica realidad que supone el desarrollo de las energías renovables.

www.expansion.com/2009/05/28/opinion/llave-online/1243538994.html