Europa puede bajar los precios del CO2 para no perjudicar a los consumidores sin poner en riesgo la transición energética

Los altos precios que se están viendo en los mercados eléctricos de Europa, y que están afectando a los consumidores, tienen una parte importante de su origen en la escalada de los precios de los derechos de emisión de CO2. Este mercado de CO2 está regulado por la Unión Europea y ésta tiene la capacidad de hacer bajar los precios sin tener que poner en riesgo la transición energética. Esta opinión es compartida por Antonio Hernández García, Partner for Regulated Sectors and Economic Analysis en EY.

Los titulares alarmistas sobre la subida de los precios de la factura de electricidad para consumidores europeos destacan principalmente el incremento de los precios del gas como la principal causa de la subida de precios en los mercados eléctricos. Sin duda, la carrera alcista de los precios del gas es uno de los principales responsables de este episodio de precios altos que se está viviendo en los mercados de toda Europa. Pero a otro factor clave en esta situación, los precios de los derechos de emisión de CO2, no siempre se le presta la necesaria atención.

-

Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de ICE.

Los costes de producir electricidad en una central de gas de ciclo combinado incluyen tanto el coste de su combustible, el gas, como los costes de emitir CO2 a la atmosfera, y por los cuales deben comprar y redimir títulos de derechos de emisión. Estos costes se trasladan a las ofertas que estas centrales hacen en los mercados eléctricos, por lo que a mayor precio del gas y del CO2, mayores costes, ofertas a precios más elevados y, finalmente, precios más altos en el mercado y en la factura de los consumidores finales. Y en situaciones donde la producción de las centrales de ciclo combinado aumenta, el impacto de los precios de gas y CO2 es mayor.

Si se plantea qué puede hacer el Gobierno o la Unión Europea para revertir la situación de precios extraordinariamente altos que se están registrando en los mercados eléctricos, las acciones básicamente se pueden centrar en bajar los precios del gas o de los derechos de emisión de CO2. El gas es un combustible con un mercado global que se ve afectado tanto por situaciones más locales, como el abastecimiento en el continente o los niveles de las reservas para el invierno, pero también por situaciones globales, como el aumento de la demanda en Asia por la recuperación de la crisis económica. Así que, más allá de medidas a medio y largo plazo para mejorar las fuentes de suministro o la capacidad de almacenamiento, poco se puede hacer a nivel europeo para revertir esta situación en el corto plazo.

Pero los derechos de emisión de CO2 están en un mercado con características muy distintas. Para empezar, es un mercado estrictamente europeo, creado por la Unión Europea para penalizar los procesos más contaminantes y favorecer la descarbonización de la economía. Por otro lado, la Unión Europea dispone de un mecanismo para controlar la oferta de títulos de derechos en el mercado, pudiendo efectivamente controlar el nivel de los precios.

La reserva para la estabilidad del mercado (Market Stability Reserve, MSR) fue creada con la idea de evitar que los precios se hundieran por la sobreoferta de títulos, como ocurrió en 2007 y 2013. Con un precio demasiado bajo, los derechos de emisión dejan de ser un incentivo para la descarbonización. Que los precios no sean demasiado bajos tiene sentido para un mercado como el del CO2 con un objetivo como es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero también es cierto en el sentido contrario. Unos precios demasiado altos pueden llegar a perjudicar gravemente a los consumidores, tanto grandes consumidores electrointensivos como pequeños consumidores en pymes y hogares. Está en las manos de la Unión Europea y de todos los gobiernos europeos la posibilidad de reducir los precios de los derechos de emisión de CO2 y ayudar así a revertir la situación de precios altos de los mercados eléctricos.

Es simplemente, ni más ni menos, que una cuestión de voluntad política.

No se trata de poner en peligro la transición energética. No se está poniendo en duda la importancia y la necesidad de los derechos de emisión. Los derechos de emisión son imprescindibles para la descarbonización y la transición energética. Debe ser la herramienta que incentive ese cambio en la producción de bienes y en la generación de electricidad, pero debe hacerlo sin perjudicar a los consumidores, y menos en momentos como los actuales en plena recuperación de una crisis económica sin precedentes.

A estas alturas de la transición, un precio del CO2 entre los 30 y 40 € por tonelada sería suficiente, para acercarse a los objetivos de 2030 para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990, sin provocar una subida de los precios en los mercados eléctricos con el consecuente perjuicio para los consumidores.

Sobre este tema se le ha pedido opinión a Antonio Hernández García, socio de EY que lleva temas regulatorios como Partner for Regulated Sectors and Economic Analysis y ha comentado lo siguiente: “Nos encontramos en una coyuntura de encarecimiento significativo de los precios en los mercados mayoristas de electricidad, generalizada en la Unión Europea. Este encarecimiento se debe principalmente a la situación geopolítica, que ha tensionado el mercado del gas, pero también los precios del CO2, que han superado significativamente los niveles que estaban previstos. En este contexto, además de posibles acciones encaminadas a reducir los problemas de oferta del gas, situación que es compleja en los próximos meses y que depende también de factores exógenos, sería muy positivo que la Unión Europea valorase medidas para reducir el tensionamiento en el mercado del CO2. Esta posibilidad de poner más derechos en el mercado podría producirse mientras dure esta coyuntura adversa en los mercados de gas y especialmente hasta que pueda entrar en vigor el mecanismo de ajuste en frontera del CO2 y estaría en línea con el objetivo de proteger transitoriamente en esta coyuntura a los consumidores más vulnerables y evitar la pérdida de competitividad internacional de las empresas europeas (carbon leakage)”.