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El Real Decreto sobre energía renovable aprobado por el Gobierno el pasado 6 de junio conllevará un recorte de 231 millones de euros anuales y afectará a 18.000 empleos en el sector en la Comunitat Valenciana, especialmente en la eólica, fotovoltaica y cogeneración. Así se pone de manifiesto en un informe sobre el impacto de esta normativa elaborado por la asociación Avaesen.
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) ha presentado a empresas y administraciones públicas el informe de impacto del Real Decreto 413/2014 en el sector energético no convencional de la Comunidad Valenciana. La jornada ha contado con la presencia del Secretario Autónomico de Industria y Energía, José Monzonís, y la Directora de InnDEA Valencia, Salomé Reíllo.
El Real Decreto fija unos recortes para el conjunto de España, de 1700 millones de euros, de los que 231 millones serán en plantas instaladas en la Comunidad Valenciana.
La nueva legislación anula el sistema de primas que funcionaba desde 2004 por otro de compensación que se podrá modificar arbitrariamente cada 3 ó 6 años. El presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, ha asegurado que con el nuevo marco regulatorio «cambia el escenario anterior de generación bonificada por una retribución a la inversión en la que la eficiencia no es importante».
Los recortes alcanzan el 40% en el caso de la energía eólica y la solar fotovoltaica, y el 22% en el caso de la cogeneración. En el global de las plantas instaladas en la Comunidad Valenciana supone 231 millones de euros, de los que 102 millones se recortan en la energía solar fotovoltaica, 80 millones en la energía eólica, 37 millones en la cogeneración, y el resto en otras energías como biomasa, solar térmica, mini hidráulica y residuos.
El impacto va a ser diverso, como se ha asegurado en la jornada celebrada esta mañana en el Ateneo Mercantil de Valencia. Por un parte miles de inversores y familias que invirtieron sus ahorros en energías renovables van a tener que refinanciar, y en unas condiciones menos ventajosas que cuando iniciaron su inversión; a esto se unen los retrasos en los pagos a lo generado por las plantas energéticas, que dejarán de ser mensuales, sin establecer cuantías ni plazos la nueva legislación.
En la cogeneración el impacto lo van a sufrir en su mayoría las plantas azulejeras de Castellón, puesto que los recortes repercuten directamente en las fábricas, incrementando sus costes y haciéndolas menos competitivas en el mercado nacional y en el de la exportación.
El presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, ha asegurado en la jornada que los recortes «ahondan en la inestabilidad en la que vive el sector desde 2008, el Gobierno ha cambiado las reglas del juego unilateralmente, perjudicando a miles de inversores que decidieron apostar su dinero por un sector que se consideraba plenamente respaldado por el Gobierno», y ha añadido que anula «toda la legislación anterior, vulnerando el principio de seguridad jurídica puesto que estos proyectos se realizaron con un supuesto marco estable a 25 años, que el gobierno ha sido incapaz de mantener ni siquiera 5 de ellos, es algo que sin duda pasará factura a otros sectores de nuestra sociedad porque cuando se pretendan captar fondos extranjeros se recordará lo acontecido en renovables».
Impacto en el empleo
El sector energético lo componen empresas promotoras, fabricantes, consultores, ingenierías, instaladores, certificadores y mantenimiento. Entre 2011 y 2013 el sector ha perdido el 57% de los puestos de trabajo se habían creado en la Comunidad Valenciana, según los datos recopilados por AVAESEN.
En 2011 había 41.750 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos relacionados con el sector de la energía renovable, en 2012 disminuyó hasta los 33.935 y en 2013 la caída llegó hasta los 18.048 puestos de trabajo, cifras por debajo incluso de 2007.
Con la nueva legislación la pérdida de puestos de trabajo continuará en los próximos años, según las estimaciones de AVAESEN.
Vías de actuación judicial
En la jornada celebrada en el Ateneo Mercantil se ha dibujado el mapa de las posibles vías de actuación judicial, que se resumen en dos.
La primera es en la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo, reclamando daños por responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que se tendría que demostrar un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado por afectado.
La segunda vía es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si se constata una deficiente transposición de la Carta de Energía Europea.
AVAESEN está colaborando con otras asociaciones para la toma de decisiones en un futuro inmediato, y para ofrecer servicios de asesoramiento jurídico y financiero a asociados e inversores, ya que la mayoría de estos inversores en energías renovables se van a ver abocados a buscar refinanciaciones de forma inminente.
http://avaesen.ite.es/images/pdf/20140624_informe_impacto_rd_413-2014.pdf
