IRENA y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) anunció hoy aproximadamente $ 41 millones en préstamos en condiciones favorables para proyectos de energía renovable en los países en desarrollo.

Energías renovables en la Reforma Energética Mexicana

REVE

La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal se centra principalmente en las temáticas relativas al petróleo y al gas shale dejando lamentablemente un papel menor a las energías renovables.

Los foros organizados por el Senado mexicano -fuertemente criticados por la izquierda política que ha decidido retirarse de los mismos y por la inexplicable ausencia de expertos internacionales en el debate- han evidenciado, una vez más, que el principal interés de la Nación ha sido y sigue siendo el sector de los hidrocarburos. De facto, México basa toda su estrategia energética en estos recursos, sin darse cuenta de la necesidad y de la urgencia de iniciar una transición energética en su producción eléctrica, sin titubeos ni pretextos.

Corregir las limitaciones del modelo actual

La propuesta de Reforma presentada dedica únicamente una hoja y media a las energías renovables. La más destacable referencia a este sector es que “la reforma tiene como uno de sus objetivos el corregir las limitaciones del modelo actual para agregar capacidad de energías renovables a gran escala mediante la creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias”.

Sin embargo, tanto los expertos como las personas comunes al interrogante de cómo y cuándo se dará este proceso quedan sin respuesta alguna. A pesar de las declaraciones de buenas intenciones dirigidas al fomento de las energías renovables, se desconocen las modalidades a través de las cuales se concretará la transición energética. Los objetivos definidos tanto en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 -35 por ciento de producción eléctrica proveniente de energías renovables para 2024- como en la Ley General de Cambio Climático -30 por ciento de producción eléctrica renovable para 2020 y 50 por ciento para 2050-, están lejos de la realidad (hoy en día México tiene una producción eléctrica renovable aproximadamente del 18 por ciento), y no se ve en esta Propuesta de Reforma Energética algún proyecto concreto en esta dirección.

Resulta además muy discutible la afirmación relativa a la creación de un mercado de generación competitivo administrado por el Estado, ya que en México existe un monopolio estatal en el sector energético y eléctrico. Si éste fuera el propósito del legislador, no se entiende cuál sería el camino a escoger para crear este mercado, dado que para poder concretar un objetivo de esta naturaleza es necesario un cambio de paradigma fundamentado en una transición jurídico-económica compleja a mediano y largo plazo; en este sentido la experiencia europea con sus tres paquetes de reformas regulatorias energéticas en 15 años es un ejemplo claro de cuanto sea difícil la transición hacia un mercado de libre competencia en dicho sector tanto a nivel nacional como comunitario.

Falta de precisión de una estrategia

Otro gran problema que presenta el Proyecto de Reforma Energética es la falta de previsión de una estrategia para fomentar las energías renovables destinadas al autoconsumo. El Estado mexicano actualmente asigna una gran cantidad de dinero al subsidio del servicio de electricidad. Empero, estas cantidades estratosféricas podrían destinarse a la compra de instalaciones para la producción eléctrica de autoconsumo. Las ventajas de esta operación son múltiples: por un lado se conciencia y fomenta en la población al uso de tecnologías limpias y, por el otro, garantiza la producción de energía eléctrica verde al Estado.

El coste de esta operación se amortizaría en pocos años. A partir de ese momento el Gobierno podría destinar el recurso ahora asignado al subsidio del servicio de electricidad a otras necesidades siendo la producción eléctrica totalmente gratuita gracias a las instalaciones renovables. Esta operación no supone ningún costo adicional al que tiene hoy en día el Gobierno con el subsidio de servicio eléctrico, ni reduce los beneficios a los consumidores. Al contrario trae importantes ventajas como la creación de nuevos empleos y empresas en este sector.

En definitiva la Reforma, más que planear una transición energética con tendencia a la diversificación de fuentes de generación de las mismas, fortalece un modelo energético basado en el petróleo, en donde se apuesta al desarrollo del sector de hidrocarburos, sobre todo a la exploración y la explotación de nuevas fuentes del petróleo en alta mar y el gas shale.

Un escenario internacional complejo

En un escenario internacional tan complejo como el actual, cualquier tipo de Reforma en este sector tendría que ser direccionada al fomento y desarrollo de una producción eléctrica proveniente de fuentes de energías renovables. Al no darse este paso, las consecuencias podrían ser, en pocos años, muy graves. El retraso tecnológico, de infraestructura y de producción eléctrica en materia renovable podría ser tan profundo que el país se vería obligado a importar energía de forma masiva, con todas las consecuencias económicas y sociales al caso.

En conclusión, el Gobierno debería plantearse urgentemente la construcción de un nuevo marco jurídico que apueste a las energías renovables como motor de desarrollo de los sectores público y privado. Esto permitiría no sólo reforzar la política en materia de seguridad energética, sino lograr una producción eléctrica diferenciada, limpia, autónoma que propiciaría la disminución de la dependencia energética de combustibles fósiles, destinados a acabarse y víctimas de la volatilidad de los precios e importaciones de otros Estados.