REVE
Compartimos la inquietud del Ministerio por el problema del déficit, pero este debería de abordarse recordando que también hay que considerar la parte de ‘Industria’; sectores hasta el momento creadores de riqueza, empleo, impulsores de la innovación e internacionalización de nuestras empresas y claves en el desarrollo futuro de los países -como está sucediendo en otros mercados-, que corren el riesgo de desaparecer y arrastrar tras de sí la credibilidad de nuestro marco normativo y legal y millonarias indemnizaciones, derivadas de reclamaciones en las sedes de arbitraje internacional, por el cambio de las reglas de juego, justo cuando se habían completado las inversiones.
El sector energético y sus operadores son conscientes de la necesidad de resolver el problema de déficit tarifario y, además, con carácter de urgencia. De ahí la convicción de Protermosolar de que nos encontramos ante una oportunidad extraordinaria para afrontar con valentía una reforma que nos permita disminuir la dependencia energética del exterior y aprovechar el cambio de modelo energético -para el que nuestra industria está muy preparada-, con el que relanzar la economía, incrementar el PIB y generar empleo.
Y mucho menos lo es cuando el mantra se aplica a la termosolar, una tecnología que hasta ahora ha recibido únicamente el 3% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y que en el futuro seguirá siendo, sólo, la 4ª en el ranking de primas recibidas, con aproximadamente la mitad de coste que la cogeneración. La termosolar, por lo tanto, ni ha sido ni será la responsable del déficit y, sin embargo, está siendo la tecnología más perjudicada en las leyes y normativas recientemente adoptadas; medidas de recorte todas ellas que han ido más allá de lo que las centrales podían asumir.
En este contexto, el sector no percibe los anticuerpos a la contribución al déficit al otro lado de la mesa, entre los responsables de nuestra política energética, conviviendo en los últimos 10 años con hechos tan objetivos como inasumibles, como los siguientes:
- Los intereses acumulados por la decisión política, mantenida en el tiempo, de no repercutir al “recibo de la luz” todos los costes del sistema;
- El coste de que la electricidad se pague al mismo precio en los territorios extrapeninsulares, lo que, siendo totalmente razonable, debería haber sido asumido por los Presupuestos Generales del Estado y no por los consumidores industriales o privados
- El coste de un derecho de interrumpibilidad nunca ejercido. Si las grandes empresas consumidoras necesitan ayudas, éstas no deben ser pagadas por los consumidores de electricidad
- El haber dejado correr ¿hasta la prescripción? la liquidación de los CTCs de los que disfrutaron las grandes eléctricas, estimados en unos 3.000 millones €. ¿Se debería pedir responsabilidad a alguien por haber permitido esta prescripción, en su caso?
- Los grandes EBITDAs que ha generado la “distribución” en los últimos 10 años y las dudas respecto a las amortizaciones señaladas por la CNE;
- La sobre-retribución, o windfall profits, que vienen percibiendo nucleares e hidráulicas ya amortizadas en este último período;
- Y otras subvenciones a ciclos combinados, ayudas al carbón, etc.
¿Alguien se ha detenido a sumar los costes de estas decisiones? Tras hacerlo, ¿se puede seguir afirmando que la culpa es de las renovables? ¿Debe seguir recayendo sobre los inversores en renovables la protección de balances de las compañías eléctricas para evitar que sean objeto de adquisición?
Nuestro deber como asociación y parte implicada consiste en trasladar nuestra visión de lo que ocurre -apoyada en datos, nuestro conocimiento del sector y argumentos fundados- y proponer soluciones. En este sentido, Protermosolar comparte con el resto de asociaciones renovables la idea de llevar a la parte de coste de energía toda la remuneración renovable. Con ello se evitarían los perjuicios al consumidor, derivados de que el efecto depresor en el precio del pool (que producen las renovables y que no se transmite suficientemente en la subasta CESUR) haga subir las primas equivalentes y, por tanto, el coste de peajes de acceso.
En estos momentos, los proyectos termosolares en España, tras las últimas medidas legislativas, están muy por debajo de lo que se considera “rentabilidad razonable”; una línea roja que nuestros legisladores han anunciado que no traspasarían.
En el sector termosolar, por lo tanto, la reforma energética no debería contemplar más que medidas de reposición o, al menos, de aplicación temporal de las actuales, pero nunca recortes adicionales.
