La moratoria de las energías renovables costará 490 millones a Canarias

El Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife cifró en 490 millones el sobrecoste anual que tendrá para Canarias la eliminación, por parte del Gobierno central, de la subvención de la tarifa eléctrica y las primas a la instalación de energías renovables.

Este colectivo profesional calcula que, en concreto, Canarias dejaría de ingresar 300 millones de euros por no haberse puesto en servicio las plantas de regasificación, y más de 190 millones de euros por la energía eólica no instalada.

Todo ello supondría, aproximadamente, un 7 por ciento de los Presupuestos autonómicos para 2012, añade el Colegio, que teme que este sea el comienzo del fin de las compensaciones a la energía eléctrica consumida por todos los canarios.

En consecuencia, "enciende la alarma" ante el posible comienzo de una situación de desventaja para las empresas e industrias canarias a la hora de competir con las del resto de España, derivada del mayor coste de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de sus instalaciones.

De ese modo, avisa, si a partir de 2013 se quisiera mantener la igualdad en el precio de la energía eléctrica con el resto de España, ésta debería ser subvencionada o compensada en su totalidad con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, en detrimento de una reducción en otras partidas que hoy cuentan con fondos. El Colegio alerta de que Canarias, si no se respetan sus singularidades, perdería las primas a las renovables pero seguirían cofinanciando el mantenimiento de la moratoria nuclear y las ayudas al sector del carbón nacional.

A juicio de los ingenieros industriales, la reducción de estos sobrecostes pasa por la implantación de infraestructuras energéticas fundamentales para el desarrollo económico de esta región, tales como las plantas regasificadoras y las instalaciones eólicas.

Sin embargo, es precisa una revisión íntegra de la planificación de las energías renovables que observa el Plan Energético de Canarias a propósito de la reciente convalidación del real decreto ley del Ministerio de Industria, que "deja en el aire" toda inversión en instalaciones de este tipo y, particularmente, el concurso eólico regional de 2007.

El Colegio opina que es "inaudito" que una región como Canarias, con uno de los potenciales eólicos más relevantes de toda Europa, permanezca a la cola en este tipo de instalaciones, y recuerda la anulación del primer concurso en 2004 por presunta corrupción y la paralización que sufre el segundo, especialmente en el área de Medio Ambiente del propio Gobierno regional, "producto de una urdimbre legislativa que las administraciones han tejido en los últimos años y que disuade toda inversión económica en nuestro territorio".

Asimismo, el Colegio no entiende que se recurra a este mecanismo de concurso público cuando se ha demostrado, afirma, su ineficacia y la imposibilidad de permitir el desarrollo e implantación de esta energía en las islas. Añade que en las alegaciones que presentará esta entidad para la revisión del Plan Energético de Canarias (Pecan 2006-2015) se incluye una apuesta clara por el gas natural y las energías renovables.

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