El desarrollo eólico en Neuquén

Se prevé una generación de electricidad para abastecer a dos ciudades como Neuquén, con una inversión de 840 millones de pesos. Las empresas deberán abonar un canon anual por el uso de la tierra.

El viento dejó de ser sólo un integrante privilegiado de la poética neuquina, para pasar a convertirse en un recurso clave a la hora de generar energía. En los últimos dos años, la Provincia adjudicó 14 áreas públicas y privadas para la creación de parques eólicos que, según se estima, podrían generar en conjunto 420MW de potencia. Considerando que el factor de utilización ronda el 40%, los molinos podrían cubrir el consumo de dos ciudades como Neuquén. A su vez, las inversiones ascenderían a 820 millones de dólares, en un cálculo conservador.

Más allá de los vientos, cuya velocidad es óptima en varias zonas de la geografía local (ver aparte), la provincia posee ventajas comparativas con respecto a otros distritos. En principio, existe un andamiaje legal que permite al Estado concesionar tierras públicas por 30 años y tramitarla en caso de terrenos privados. A su vez, los terrenos con mejores condiciones se encuentran cercanos a nodos eléctricos, lo que permite que los costos de conectar los aerogeneradores al sistema interconectado se reduzcan sensiblemente.

Las áreas en marcha sobre tierras estatales se ubican en Añelo, Chorriaca, Zapala y Picún Leufú y sobre lotes privados en el Chañar y Arroyito. En esta etapa, las empresas que ganaron las licitaciones –todas argentinas y dos alemanas- se encuentran realizando las campañas de mediciones de recursos, para las cuales se utilizan parámetros internacionales. Según informó la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI), ya existen tres firmas que certificaron vientos óptimos para la creación de un parque eólico, por lo que en breve podrían comenzar con su puesta en marcha. Se trata de la empresa Sowitec con áreas adjudicadas en la zona de Zapala y Arroyito, WPD, con concesiones parciales en Zapala y Picún Leufú, y Enerco, con un proyecto sobre tierras privadas de Arroyito. En los tres casos, los vientos superan ampliamente los 7,5 metros por segundo (m/s), medida que determina la factibilidad de la ecuación técnica-económica.

Pero no sólo de viento se hace la energía. Como toda generación alternativa, la eólica requiere de una gran inversión inicial, con una recuperación a largo plazo. Sin embargo, desde la provincia se muestran esperanzados con las recientes adjudicaciones y creen que puede ser un negocio rentable para aquellos privados que quieran emprender en estas latitudes. Las firmas tienen garantizada la compra de la electricidad producida de parte del mayorista Cammesa, con lo que amortizarían la inversión. Además, la Ley Nacional 26.190 determina que para 2016 el 8% de la energía consumida en el país deberá provenir de recursos no contaminantes. Esa misma otorga facilidades financieras para los inversores.

A su vez, existen bancos internacionales dispuestos a prestar dinero. En algunos casos se trata de entidades mixtas, que con este tipo de financiación a proyectos no contaminantes logran beneficios impositivos. También las empresas pueden acceder, en caso de lograrse la certificación, a los “bonos verdes”. Se trata de un mecanismo de compensación económica otorgado a partir del Protocolo de Kioto a aquellos emprendimientos que ayuden a reducir la emisión de gases contaminantes.

“Es un negocio para la empresa vender esa energía, de otro modo sería ilógico que inviertan”, aseguró el vicepresidente de la ADI, Luis Galargi. El funcionario explicó que todos los costos corren por cuenta del adjudicatario, aunque remarcó que el Estado genera un horizonte de previsibilidad. “Nosotros realizamos estudios previos, tenemos criterios específicos parar seleccionar las áreas: su geografía, los vientos, los obstáculos, la cercanía con líneas, los caminos para transportar aparatos, etc”, detalló, aunque aclaró: “Nada reemplaza las campañas de medición, que están a cargo de la empresa”. En caso que la compañía decida que no es conveniente invertir, el área debe ser devuelta al Estado.

“Los adjudicatarios están obligados a medir por el término máximo de dos años. Si los cálculos determinan que la explotación es factible, tienen el derecho de hacerlo. Para ello deben constituir una sociedad comercial y abonar un canon por el uso de la tierra” (ver aparte), expresó Galardi.

A su vez, destacó que la ADI, que funciona como órgano de aplicación, tiene un stock de tierras en análisis para determinar su factibilidad. “En la provincia no existe ningún tipo de experiencia en este tema y creemos que el modelo hasta ahora dio resultados”, remarcó y adelantó que en lo queda del año el organismo oficial espera licitar otras cuatro áreas.

Por la cesión del derecho del uso de la tierra, cada empresa adjudicataria deberá abonar un canon anual al Estado o al dueño de las áreas. Según explicó Galardi, esos valores se acordaron entre 2.000 y 7.650 dólares por MW instalado. Si se calcula que un parque promedio generará unos 30MW, se recaudará entre 60 y 230 mil dólares por año. “El monto ofrecido en este concepto fue creciendo a medida que licitábamos”, explicó Luis Galardi. Se trata de una señal de que las concesiones son cada vez más atractivas.

El funcionario explicó que en el caso de las tierras privadas, la ADI se queda con un porcentaje del 25% de ese pago anual, por haber realizado los trámites de la licitación y haber asumido los riesgos. Según estipulan los contratos de concesión, el canon comenzará a pagarse una vez que la empresa comience a producir.

El mapa eólico de la provincia, desarrollado por el EPEN en 2007, determina que el 30% del territorio neuquino, aproximadamente 29.000 km2, es potencialmente apto para el desarrollo de energía eólica. Las mediciones aseguran que existen vientos acordes en los siguientes puntos:

• El Norte, en la zona comprendida entre los volcanes Domuyo y Tromen, en la Cordillera del Viento, y en la Sierra de Chorriaca.
• En el centro, en las sierras de Catán Lil.
• En el Sur, en la región cercana a la Cordillera de los Andes.

El mapa, que sirve como antecedente para hacer mediciones más precisas, se obtuvo a partir de datos de viento de 26 estaciones, con períodos de medición que van desde 8 meses a 10 años.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

Roberto Aguirre, www.lmneuquen.com.ar/