De nuevo el debate en Europa está servido y necesita, sin duda, de transparencia entre las administraciones y la población. Mientras Alemania y Suiza ya han suspendido algunos de sus proyectos de centrales nucleares y se han apresurado a emitir comunicados que informan a sus ciudadanos de esas decisiones, Francia mantiene una postura conservadora y quiere trasladar el debate sobre la seguridad de la energía nuclear al seno del G20.
España no tiene sus centrales nucleares en zonas de riesgo sísmico o de tsunamis, pero cerrar o no la central nuclear de Garoña (Burgos) depende de esa nueva realidad que ha golpeado a la comunidad internacional: la crisis en Japón ha evidenciado el riesgo de los accidentes nucleares y sus efectos devastadores sobre la confianza de las sociedades urbanas modernas en este tipo de generación energética.
La fecha prevista para el cierre de la central nuclear de Garoña era julio de 2009 y dependía del informe del Consejo Superior de Seguridad Nuclear, vinculante para el Consejo de Ministros si aquel era negativo. No fue así y la central nuclear de Garoña sigue en activo.
El CSN es un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado cuya función principal es, como define su misión, "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen".
La población debe confiar en que sus instituciones aplicarán ese mismo principio de cautela o prevención en la toma de decisiones que puedan afectar a la calidad ambiental de nuestro entorno y a nuestra seguridad.
Los riesgos inherentes al mantenimiento de infraestructuras energéticas nucleares sin el cumplimiento de las máximas medidas de seguridad son, ahora, más claros. La realidad de la crisis de la Central de Fukushima, con decenas de miles de desplazados, y el histórico de los accidentes nucleares como Three Mile Island en EE UU (28 de marzo de 1979) y Chernóbil en Ucrania (26 de abril de 1986), pesa sobre la conciencia ciudadana. Por eso en nuestro país, en contra de la corriente predominante hasta esta semana en Europa existe, desde hace tiempo, una opinión mayoritaria de que las centrales nucleares no son la solución a nuestros problemas energéticos.
Por otro lado, en 2010 la central nuclear de Garoña, obsoleta y de una edad similar a la Central japonesa de Fukushima, produjo sólo el 2% de la producción eléctrica del Estado, cuando mediante la energía eólica, en el mismo periodo, se produjo más del 16% del total. El mercado energético está convulso porque está influenciado por la crisis financiera. La crisis del mundo árabe en el Mediterráneo ha disparado el precio del barril de petróleo, lastrando aún más la débil recuperación económica de muchos países, entre ellos España.
Algunos inversionistas están a la espera de la mejora de los mercados financieros pero con claridad de ideas: la energía eólica es rentable, la energía solar está en el proceso de evolución que la primera tuvo en los 90 y se abren otras posibilidades como la termosolar o la biomasa. Los propios empresarios del mundo de la energía fotovoltaica reconocen la consolidación de este mercado como fuente de riqueza y ocupación.
España es hoy el principal inversor en energías renovables en EEUU con empresas como Iberdrola y Acciona (entre los mayores promotores eólicos), Gamesa (fabricante de aerogeneradores) y Abengoa (en el ámbito termosolar), entre otras.
Los lobbies de la energía mueven ficha en este escenario. Son las reglas del juego. Pero España es un país con dos grandes recursos energéticos disponibles, el viento y el sol, además del agua. Es necesario aplicar la estrategia internacional de inversión en energías renovables también en nuestro territorio.
Los científicos y técnicos que alertan de los riesgos de una mala gestión de la energía nuclear o de los residuos que ésta genera, deben ser escuchados. Alemania y Suiza ya han tomado serias determinaciones al respecto para evitar la alarma, incluso el pánico, social. Francia no tardará en hacerlo.
En mi opinión, parece, pues, una estrategia más inteligente, para nuestro país, diversificar las fuentes de producción fomentando el despliegue de las energías eólica y solar (termosolar y fotovoltaica) como alternativa energética y reducir, a mayor velocidad, la dependencia de los combustibles fósiles y de la propia energía nuclear.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Tomás Carrión, Profesor de Riesgos Ambientales.
