El sector energético duda de las nuevas medidas energéticas

La norma aprobada hoy se inscribe en la política del Gobierno de racionalizar y contener los costes regulados del sistema eléctrico, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y protección de los consumidores más vulnerables y se suma a otras actuaciones legislativas aprobadas en la presente legislatura.

Las empresas financiarán el bono social hasta 2013 y asumirán el coste de las políticas de ahorro y eficiencia energética (E4) en el periodo 2011-2013.

Todas las empresas generadoras de electricidad, tanto del régimen ordinario como las de energías renovables y cogeneración, pagarán un peaje de 0,5 €/MWh.

Se limita durante tres años las horas con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar.

Se modifican los límites máximos del déficit de tarifa en 2010, 2011 y 2012 para adecuarlo a las desviaciones y se mantiene en el año 2013 el punto en el que se alcanza la suficiencia tarifaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que contiene una serie de medidas destinadas a reducir los costes regulados del sistema eléctrico cuyo principal objetivo es garantizar su sostenibilidad económica y contribuir a eliminar el denominado déficit de tarifa según el calendario previsto en el año 2009.

Esta norma se inscribe en la política del Gobierno de racionalizar y contener los costes regulados del sistema eléctrico, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y protección de los consumidores más vulnerables mediante la ampliación del bono social y se suma a otras actuaciones legislativas aprobadas en la presente legislatura.

En conjunto, las medidas aprobadas en 2010 suponen un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años, 1.660 en 2011, 1.510 en 2012 y 1.446 en 2013.

Estrategia de reducción de costes

El sector eléctrico está atravesando una situación coyuntural excepcional causada por una repentina caída de la demanda eléctrica. Tras 25 años de incrementos sostenidos de la demanda próximos al 4% anual, en 2009 la demanda eléctrica cayó un 4,7 por ciento, descenso que se sumaba a una desaceleración del consumo experimentada en 2008.

La consecuencia directa de esta coyuntura ha sido una pérdida de ingresos para el conjunto del sistema y, adicionalmente, un aumento del montante total de los costes regulados por el efecto de la caída de la demanda.

Ya desde 2009 el Gobierno ha adoptado una serie de medidas tendentes a racionalizar los costes regulados y reducir el déficit de tarifa, entre las que destacan la aprobación del RD-L 6/2009 por el que se estableció una senda de reducción del déficit de tarifa y creó un prerregistro para las energías renovables con el fin de evitar una entrada en el sistema de plantas por encima de los objetivos previstos y un aumento innecesario de las primas que reciben estas instalaciones.Al mismo tiempo se creó el bono social, un mecanismo que ahora se amplía, para proteger a los consumidores más vulnerables.

Durante 2010 el Gobierno ha seguido trabajando en la reducción de costes y ha adoptado una serie de medidas de carácter técnico para mejorar la calidad:

Acuerdo con el sector eólico para reducir temporalmente sus primas un 35% y limitación del número de horas con derecho a prima, así como la creación de un cupo experimental de 160 MW para incentivar el desarrollo tecnológico.

Acuerdo con el sector termosolar por el que se eliminó la opción de retribución a precio de mercado más prima (más ventajosa que la opción de tarifa regulada) para todas las plantas inscritas en el pre-registro durante un año, retraso en la fecha de entrada en operación de las plantas inscritas en el prerregistro, y limitación del número de horas con derecho a prima en función de las distintas tecnologías.

Nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas de nueva creación en la que se reducen las futuras primas en un 5% (instalaciones de techo pequeño), 25% (instalaciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de suelo). Asimismo, se han aprobado elementos técnicos para mejorar la integración de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración y simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de aplicación.

Contenido del nuevo Real Decreto-Ley

Peajes a la generación.

Actualmente la generación eléctrica está exenta de financiar las redes, aunque es una actividad que contribuye a aumentar el coste de las redes porque exige la construcción de las conexiones necesarias para realizar el suministro eléctrico.

Para equilibrar esta situación, a partir del próximo 1 de enero se establece un peaje de 0,5 €/MWh, que pagarán tanto los generadores del régimen ordinario como los del régimen especial. Esto supone un incremento de los ingresos de 150 millones anuales.

Bono social.

Las empresas eléctricas financiarán el bono social hasta 2013, seis meses más de lo previsto hasta ahora, lo que supondrá un ahorro de 150 millones de euros.

Creado en 2009, el bono social supone la congelación de las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro.

Tienen derecho a él unos 5 millones de consumidores.

Costes de la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Desde el 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, supondrá un ahorro total de 670 millones, 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.

Reducción temporal de la retribución fotovoltaica.

Al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. El ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales.

Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual.Déficit de tarifa. Cumplimiento del calendario de eliminación del déficit tarifario del sistema eléctrico hasta su completa eliminación en 2013. Se modifican los límites máximos hasta 5.500 millones en 2010, 3.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012, para adecuarlos las desviaciones y se mantiene el punto en el que se alcanza la suficiencia tarifaria en el año 2013.

Tal y como estaba previsto la titulización del déficit de tarifa se realizará con el aval del Estado para minimizar su impacto en los consumidores, accediendo así a las mejores condiciones de mercado

Las medidas del Gobierno para reducir los costes del sistema eléctrico han originado el rechazo de las asociaciones fotovoltaicas, que ven comprometido su futuro, mientras que las eléctricas esperan que sea el último esfuerzo que les piden y el PP denuncia la incapacidad del Ejecutivo para asumir las reformas.

Con el paquete normativo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el Gobierno espera ahorrar más de 4.600 millones de euros al sistema eléctrico hasta 2013, lo que permitirá además, entre otros aspectos, controlar el "inasumible" déficit de tarifa, el desajuste que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico vía tarifa no son suficientes para cubrir los costes.

Sin embargo, algunas de las novedades que incluye el Real Decreto no han sido bien acogidas por algunos de los agentes que constituyen el sector eléctrico.

Es el caso de las principales patronales fotovoltaicas (AEF y Asif) que han visto como la nueva normativa reducirá de forma importante las horas con derecho a prima que podrán cobrar estas instalaciones, una decisión con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 740 millones de euros anuales al sistema.

En este sentido, los fotovoltaicos anunciaron que recurrirán ante los tribunales este recorte ya que consideran que compromete el futuro del sector, así como a sus inversiones y al empleo, al tiempo que lamentaron el carácter retroactivo de las medidas, la imagen de incertidumbre que transmite España y la escasa apuesta del Ejecutivo por la energía solar.

Asimismo, señalaron que el recorte aprobado hoy, que se suma al que anunció el Gobierno el pasado 3 de diciembre para los sectores termosolar y eólico, no es equilibrado respecto a otras tecnologías, aumenta la dependencia energética de España y llevará a muchas plantas al concurso voluntario de acreedores.

Por su parte, Endesa e Iberdrola coincidieron en que algunas de las medidas anunciadas les afectarán directamente, como la que incluye, a partir del próximo 1 de enero, un peaje de 0,5 euros para el Megavatio hora (MWh) que tendrán que pagar todas las empresas que generan electricidad por el uso de las redes eléctricas y que representará un ahorro de 453 millones entre 2011 y 2013.

Sin embargo, esperan que sea el último esfuerzo que les pide el Gobierno, al que sin embargo, valoran su voluntad para acabar con el déficit de tarifa que ahora soportan sus cuentas y que podría alcanzar 20.000 millones de euros al cierre del año.

Asimismo, esperan que el Gobierno, que ha elevado los objetivos de déficit a 5.500 millones para 2010; a 3.000 millones para 2011; y a 1.500 millones en 2012, no se retrase más en convertir en deuda negociable este desajuste del sistema y confían en que estas medidas contribuyan a mejorar la confianza de los mercados en la economía del país.

Por otro lado, el principal partido de la oposición, el PP, criticó la incapacidad del Gobierno para asumir una reforma en profundidad del sistema eléctrico que elimine "de una vez por todas" el déficit de tarifa.

Además, el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, acusó al Gobierno de no haber consensuado con ellos dicho Real Decreto, que incluye además la prórroga de seis meses más, hasta 2013, del denominado "bono social" al que pueden acogerse los consumidores más desfavorecidos.

Asimismo, destacó que el Ejecutivo no ha tenido una voluntad verdaderamente reformadora, sino que sencillamente ha asumido el fracaso adoptando acciones parciales en un intento de controlar la situación.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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