El problema de política es sencillo: el carbón es una fuente de energía más barata y fácil de usar que sus alternativas. Es barata porque es abundante y su uso es más fácil que la energía eólica o solar porque puede proporcionar electricidad de manera ininterrumpida, independientemente de las condiciones climáticas.
Para salvar el planeta, necesitamos convencer a los proveedores de energía de que adopten fuentes con bajas emisiones de carbono, a pesar del menor precio del carbón y su mayor facilidad de uso. La manera obvia es aplicar impuestos al carbono o exigir a las centrales termoeléctricas que cuenten con permisos para el uso del CO2, y fijar el impuesto o el precio del permiso lo suficientemente alto como para inducir un cambio hacia alternativas de bajas emisiones.
Supongamos que el carbón produce electricidad a un coste de 0,06 por kilovatio-hora, mientras la energía solar cuesta 0,16 céntimos de dólar por kWh. El impuesto a la electricidad con carbón tendría que ser de 0,10 céntimos por kWh.
En tal caso, los consumidores pagarían 0,16 céntimos por kWh por cualquiera de los dos tipos de energía. Las empresas de servicios públicos pasarían entonces a usar energía solar. Sin embargo, en este caso el cambio más que duplicaría la factura de electricidad.
Los políticos son renuentes a aplicar un impuesto así, ya que temen sus consecuencias políticas. Durante años esto ha limitado en Estados Unidos el avance hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Sin embargo, varios países europeos han introducido con éxito la idea de un “arancel de alimentación”, que proporciona el núcleo de una solución aceptable en el largo plazo.
Un arancel de alimentación subvenciona la fuente de bajas emisiones de carbono en lugar de aplicar impuestos a la fuente de energía de altas emisiones. En nuestro ejemplo, el Gobierno pagaría una subvención de 0,10 céntimos de dólar por kWh a la central de energía solar para compensar la diferencia entre el precio al consumidor de 0,06 y el coste de producción de 0,16. El precio al consumidor sigue siendo el mismo, pero el Gobierno debe pagar de algún modo la subvención.
La siguiente es otra manera. Supongamos que aplicamos un pequeño impuesto a las plantas de energía carbón existentes para pagar la subvención solar y luego subimos gradualmente las facturas de electricidad de los consumidores a medida que más y más centrales solares entran en funcionamiento. El precio que se cobraría a los consumidores aumentaría gradualmente de 0,06 céntimos por kWh al coste completo de 0,16 céntimos por kWh, pero a lo largo de un periodo de adaptación de, digamos, 40 años (el periodo de vida útil de la más centrales de carbón actuales).
Partamos del supuesto de que en 2010 todo el sistema de electricidad se basa en carbón y que el precio de la electricidad que pagan los consumidores es 0,06 céntimos por kWh. Para 2014, supongamos que se ha logrado un 10 por ciento de la transición de 40 años a la energía solar. El precio al consumidor se eleva en un 10 por ciento de la diferencia entre 0,06 y 0,16 céntimos por kWh, es decir, llega a los 0,07 céntimos por kWh.
El impuesto al carbón se fija entonces a 0,01 céntimos por kWh, lo que basta justo para pagar la subvención solar que se necesita de 0,09 céntimos por kWh. Los productores solares cubren totalmente sus costes de 0,16 céntimos por kWh, puesto que venden energía a los consumidores a 0,07 céntimos por kWh y reciben una subvención de 0,09 céntimos por kWh. Un pequeño impuesto al carbón puede sustentar una gran subvención a la energía solar.
Supongamos además que para 2030 la transición a una economía de bajas emisiones de carbono está a medio camino. Ahora el precio al consumidor de la electricidad es 0,11 céntimos por kWh, exactamente la mitad entre 0,06 y 0,16 céntimos por kWh. El impuesto al carbón se ha elevado a 0,05 céntimos por kWh, justo lo suficiente para cubrir la subvención solar de 0,05 céntimos por kWh. Una vez más los productores de energía solar cubren sus costes, puesto que la subvención de 0,05 céntimos por kWh cierra la brecha entre el precio al consumidor (0,11 céntimos por kWh) y el coste de producción (0,16 céntimos por kWh).
Finalmente, asumamos que para 2050 toda la producción de electricidad ha hecho la transición a fuente de energía de bajas emisiones de carbono. El precio al consumidor finalmente llega a 0,16 céntimos por kWh, suficiente como para cubrir todo el coste de la energía solar sin ninguna subvención.
Este enfoque permite que los mayores precios de la electricidad que deban pagar los consumidores se eleven gradualmente y, al mismo tiempo, establece incentivos fuertes e inmediatos para la adopción de la energía solar. Más aún, el presupuesto del Gobierno se equilibra cada año, por lo que el impuesto al carbón paga la prima solar.
La transformación real que ocurrirá en los próximos años tendrá una ventaja importante en comparación con esta ilustración. Puede que las centrales de energía solar actuales cuesten 0,10 céntimos por kWh más que las de carbón, pero serán mucho menos costosas en el futuro, a medida que mejore su tecnología. Así, la magnitud de las ayudas que se necesiten en una década o dos será menor que en la actualidad.
Los debates sobre la energía en Estados Unidos, Australia y otros países se han centrado hasta ahora en introducir un complicado sistema de intercambio de derechos de emisiones de CO2. Todo usuario importante de combustibles fósiles tendría que comprar derechos para emitir CO2, los que se intercambiarían en un mercado especial. El precio de mercado de los derechos sería equivalente a pagar un impuesto sobre las emisiones de CO2.
Lamentablemente, estos sistemas son difíciles de manejar y no dan señales claras acerca de sus precios en el futuro. Europa ha adoptado dicho sistema, pero otras partes del mundo lo han rechazado una y otra vez. De hecho, los mayores éxitos de Europa en la promoción de energía de bajas emisiones de carbono proceden de sus aranceles de alimentación, y los impuestos al carbón en algunos países, más que del sistema de intercambio de derechos de emisión.
Ha llegado el momento de que EE UU, China, India y otras grandes economías declaren cómo promoverán su propia transición a una economía con bajas emisiones de carbono. En Estados Unidos, podría ganar apoyo político un impuesto pequeño y que aumente progresivamente para financiar un sistema de aranceles de alimentación, lo que además podría ayudar a generar consenso entre las principales economías basadas en plantas energéticas que utilizan carbón, incluidas China e India.
Como vemos, sí hay soluciones eficaces de largo plazo al cambio climático producido por el hombre y que son políticamente aceptables y factibles de implantar. Es hora de que las adoptemos.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y Director del Earth Institute en la Universidad de Columbia. Además es Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las Metas de Desarrollo del Milenio. www.project-syndicate.org
