Además, el Tribunal de Luxemburgo ha solicitado por carta al Gobierno español que retrase en dos meses la aplicación de la norma para analizar el expediente. Las empresas eléctricas habían recurrido el decreto ante esta instancia judicial.
Las cautelarísimas que analizará la Audiencia responden a una resolución publicada el martes por el Ministerio de Industria con detalles técnicos para la aplicación del decreto, entre ellos el precio al que se pagará el MWh a las nueve centrales que quemen carbón nacional, situado en una media de 71,63 euros.
Las eléctricas recurrieron el desarrollo porque recogía un plazo de sólo tres días para que las centrales remitiesen sus cartas de intención a los distribuidores eléctricos, lo que, a juicio de las empresas, supone un lapso de tiempo insuficiente.
Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa recurrieron el Real Decreto del Carbón, aprobado por el Consejo de Ministros del 1 de octubre, ante la Audiencia con el argumento de que atenta contra la libertad de mercado, es antieconómico, porque les obliga a consumir carbón más caro, y es antiecológico, porque ensucia más que el que viene de fuera. Solo hasta 2012, según cálculos de la Comisión Nacional de Competencia, tendrá un coste de 592 millones.
En cuanto a la solicitud de Luxemburgo, las eléctricas también habían pedido medidas cautelarísimas contra un texto que no ha recibido en principio trabas de la Comisión Europea y que, según dicen, podría alterar el funcionamiento del mercado eléctrico al incentivar el carbón en detrimento de otras tecnologías.
Las decisiones de la Audiencia y de la Justicia europea se producen apenas ocho días después de que, en otro de los frentes judiciales abiertos por las eléctricas, el Tribunal Supremo rechazase la petición realizada por separado por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa de medidas cautelarísimas en contra del decreto.
Las grandes eléctricas presentaron el pasado 7 de octubre por separado sendos recursos ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo en contra del decreto y, pese al rechazo de las cautelarísimas, aún podrían lograr una paralización mediante cautelares o, más adelante, mediante un fallo satisfactorio.
Las empresas consideran el decreto contrario a la Ley del Sector Eléctrico por alterar el mercado al dar mayor entrada a las centrales térmicas de carbón, en detrimento de otras tecnologías como los ciclos combinados de gas o las térmicas de carbón de importación, que resultarán desplazados.
La norma, entienden las empresas, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón. Por este motivo, el decreto carece, a su juicio, de rango legal suficiente.
El Ministerio de Industria asegura que las objeciones planteadas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal de Luxemburgo no bloquean el decreto que incentiva la quema de carbón nacional, cuya entrada en vigor está pendiente de la aprobación de todos los desarrollos normativos.
Fuentes del departamento dirigido por Miguel Sebastián explicaron que el Tribunal de Luxemburgo ha enviado un escrito al Ministerio de industria en el que "sugiere que se piense en la conveniencia o no de retrasar la aplicación del real decreto del carbón hasta que se despejen algunos asuntos jurídicos menores".
Este escrito, indican, se trata "nada más que de una comunicación, no de una resolución", y por tanto en el mismo "no se exige nada al Gobierno español, ni su contenido es vinculante", por lo que no bloquea la aplicación del decreto del carbón.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad a los vehículos eléctricos, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
