La Asociación Eólica de Galicia recurrirá el canon eólico

La asamblea general de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) autorizó a la directiva para que ponga en marcha todas las vías posibles para cuestionar la constitucional del canon, el impuesto sobre los aerigeneradores que quiere poner en marcha la Xunta, y a tal fin ya se ha encargado un estudio jurídico a Price Waterhouse Coopers (PWC)

Price Waterhouse Coopers ha detectado varios indicios de ilegalidad. La Asociación Eólica de Galicia critica "los graves defectos" del borrador, que sigue sin ajustarse a los principios constitucionales.
 
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) no quiere reabrir el debate que tiene paralizado al sector eólico, sólo "tratamos de advertir de las consecuencias que pueden derivarse tras no haber considerado las aportaciones de quienes desde los parques eólicos y las fábricas de componentes son parte sustancial del desarrollo de Galicia".

La EGA señala que "una vez aprobado el texto de la ponencia de la Comisión de Energía, se observa que las mejoras propuestas no han sido tenidas en cuenta". EGA denuncia las cláusulas discriminatorias y la doble imposición fiscal.
 
El canon eólico es discriminatorio, porque sólo se aplca al negocio eólico un impuesto ambiental. EGA destaca que todos los parques eólico deben pasar por informes de impacto ambiental y cumplen con las leyes de protección del paisaje. De existir una afección, según EGA, no supone una nueva "capacidad económica", por lo que el canon equivaldría a "un doble gravamen,  pues ya existe un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) especial para los aerogeneradores.

EGA también señala la inseguridad jurídica que se crea para las futuras autorizaciones de parques, e invita a los grupos parlamentarios a escuchar a los agentes del sector para subsanar los defectos de la ley.

La consellería que dirige Javier Guerra desoyó las alegaciones de la EGA y envió el anteproyecto al Parlamento, que previsiblemente será aprobado en pleno el próximo 21. La Xunta está obligada a que la ley entre en vigor antes de que acabe el año, pues en caso contrario no podrá recaudar los 25 millones de euros que ya tiene consignados en los Presupuestos de 2010.

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