Los beneficios socioeconómicos y medioambientales que su desarrollo ha generado son indiscutibles y son tan visibles a escala nacional como autonómica o local en el caso de aquellas comunidades y municipios que han apostado por esta forma limpia de generar electricidad con un recurso autóctono.
Sin embargo, como en la fábula de Esopo, algunos responsables tanto de la administración autonómica como de la local quieren obtener ya, y a toda costa, todos los huevos de oro de esta gallina milagrosa sin caer en la cuenta de que ello conllevaba su muerte. Primero fueron los planes industriales que algunas comunidades autónomas empezaron a exigir a las empresas eólicas como contrapartida a la concesión de las autorizaciones administrativas para los nuevos parques eólicos que nuestra legislación pone en sus manos.
Lo que podía ser razonable en determinados casos, cuando los planes de la autonomías suponían la instalación de un elevado número de megavatios que justificaban la construcción de centros de fabricación o montaje, ha llegado al absurdo de exigir fábricas de aerogeneradores que tendrían carga de trabajo para solo unos meses o, como en el caso de Extremadura, otra inversión en cualquier otro tipo de negocio para alcanzar un caprichoso ratio de empleos por megavatios eólicos concedidos. No conozco ninguna
otra actividad a la que se reclame que, como contraprestación a su autorización, tenga que poner en marcha dos tipos de negocio. ¿Le piden a un fabricante de tornillos que además instale una peluquería? No, pues a la eólica sí.
La exigencia de planes industriales ha llevado a nuestra industria a un nivel de atomización en instalaciones que pone en peligro la viabilidad económica de la misma. Pero algunas comunidades han ido todavía más lejos. La anterior administración gallega oficializó lo que empezaba a ser una práctica encubierta excesivamente extendida: reclamar una participación —por supuesto, gratuita— para la administración autonómica, un auténtico y arbitrario “impuesto revolucionario”. Como precedente estaba la “sugerencia” de abrir los proyectos a empresarios locales “próximos” a la respectiva administración como vía segura para facilitar la autorización de los mismos.
La nueva administración gallega, además de paralizar el desdichado concurso eólico de sus predecesores —en este caso uno no sabe si es peor el remedio que la enfermedad—, ha creado un canon con efectos retroactivos que deberán pagar todos los parques eólicos por su “impacto paisajístico”. Sí, al parecer, en este país tan bien urbanizado, modelo de armonización en la construcción, con unas grandes obras de infraestructuras muy sensibles con el entorno, con preciosas instalaciones industriales, delicadísimos y exquisitos polígonos industriales perfectamente integrados; sí, resulta que en este país la única actividad que tiene impacto paisajístico y que tiene que pagar por ello, es la energía eólica, ¡manda carallo!
Otra vía para acelerar la cadencia ponedora de esta gallina de los huevos de oro fue la iniciativa de los municipios gallegos para incrementar el impuesto de bienes inmuebles a las instalaciones eólicas lo que les permitirá multiplicar hasta tres el importe de este impuesto local. Unos ingresos que vienen a sumarse a los alquileres que perciben muchos municipios como titulares de los terrenos donde se instalan los aerogeneradores, a la cuantía de la licencia de obras, a otros gravámenes y a las infraestructuras (piscinas, polideportivos, etcétera) que generosamente paga el promotor en muchos casos para que se le abran las puertas. No hay precedentes de otras actividades a las que se haya querido exprimir de esta forma.
Lo más grave es que la energía eólica genera ya, como indicaba al principio de estas líneas, unos beneficios elocuentes tanto para el conjunto del país como para el ámbito autonómico y local. Para agravar la situación, del otro lado, la Administración Central encara la elaboración del marco retributivo de los nuevos 20.000 MW eólicos que deberemos instalar en España hasta 2020 para cumplir con los objetivos obligatorios de la Directiva Europea con la intención de reducir la retribución de la generación eólica sin tener en cuenta, entre otros factores, que la mayor parte de los nuevos parques tendrán que implantarse en zonas de menos viento. Sí se reduce el precio del kWh al mismo tiempo que aumenta la voracidad recaudatoria de comunidades autónomas y municipios acabaremos inexorablemente, como en la fábula de Esopo, matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Es lo que queremos?
