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La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que las nuevas pautas de la Comisión Europea para el sector eléctrico requieren una revisión de la reforma energética.
La Comisión Europea (CE) ha hecho públicas sus Pautas para la intervención de los gobiernos en el sector eléctrico, documento en el que establece una guía de buenas prácticas en torno a los sistemas de apoyo a las energías renovables en los diferentes países con el fin de alcanzar los objetivos energéticos de 2020 y de cara a la puesta en marcha del mercado eléctrico único europeo en 2014. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) comparte los criterios establecidos en los documentos publicados por la Comisión y considera que la reforma energética del Gobierno español contraviene un gran número de directrices de Bruselas, por lo que debería ser revisada.
En concreto, la Comisión Europea ratifica su apoyo a la existencia de sistemas de apoyo transparentes que fomenten las tecnologías de generación limpias y basadas en recursos autóctonos, como la eólica. Asimismo, indica que los sistemas de apoyo deben ser estables y respetar las expectativas legítimas sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, por lo que recomienda a los gobiernos que eviten cambios retroactivos: “La necesidad de hacer cambios en las condiciones regulatorias en respuesta a las circunstancias del mercado no justifica aplicar esos cambios retroactivamente a inversiones ya hechas en situaciones en que la necesidad surge por los fracasos de las autoridades para predecir o adaptar las políticas a esas circunstancias a tiempo”, dice el documento. Una de las principales reclamaciones de AEE en torno a la reforma energética es, precisamente, que pretende modificar las reglas del juego para todas las instalaciones en marcha, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello provoca y los problemas financieros a los que aboca al sector.
La Comisión considera que los sistemas de apoyo más eficientes son aquellos que incentivan la participación de las energías renovables en el mercado eléctrico, por ejemplo mediante un sistema de primas como el que había en España hasta la reforma energética. En el caso de los sistemas de incentivos a la inversión (como el que pretende implementar el regulador español), aconseja que se realicen a través de un apoyo al principio de la construcción de la instalación para incentivar la eficiencia y que, en todo caso, se apliquen sólo a las nuevas instalaciones.
Bruselas recomienda el establecimiento de compromisos legales a largo plazo para garantizar la estabilidad de las inversiones. En la regulación española anterior, tanto en el Real Decreto 661/2007 como en el Real Decreto 436/2004, ya existían estos compromisos legales que garantizaban que en ningún caso se modificaría la retribución para las instalaciones en marcha, un principio que ha sido dinamitado por la reforma energética. Ésta introduce además revisiones de la retribución a tres años.
El sector eólico comparte plenamente con la Comisión Europea que el camino es ir eliminando progresivamente los incentivos a las renovables, a medida que los sectores avancen en reducción de costes y eficiencia. De hecho, ya en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 quedaba claro que el sector eólico español no necesitaría incentivos para las instalaciones nuevas en algún momento de esta década. Pero AEE también considera que este objetivo debe ir ligado al de la eliminación progresiva de los apoyos a los combustibles fósiles y a una fiscalidad medioambiental más clara en la lucha contra el cambio climático. Todo ello en busca de un mercado energético plenamente competitivo en el que los efectos externos derivados de la emisión de carbono estén plenamente internalizados en el coste de las distintas tecnologías.
Aunque estas recomendaciones de la CE (que aún son susceptibles de cambios aunque ya han sido publicadas) no son vinculantes, se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los sistemas de incentivos a las renovables de cada país en 2015, cuando se aprueben las Directrices sobre Ayudas de Estado Medioambientales, que sí serán vinculantes. Dado que la reforma energética española contraviene en gran medida estas recomendaciones y aún no es firme (se encuentra en trámite parlamentario), AEE considera que la posición de la Comisión Europea justifica una revisión del modelo que el Gobierno pretende implantar y la adopción de un sistema alternativo que respete los principios identificados en los documentos europeos y respete la necesaria seguridad jurídica de las inversiones realizadas al amparo de la normativa anterior.
