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Sin ningún diálogo, con hipótesis erróneas de partida y con una clara toma de posisión en contra de las energías renovables, se han lanzado a promulgar leyes con una interpretación muy particular de lo que significa el interés general y con medidas injustas que quitan a unos para incrementar los privilegios de los otros.
En numerosas manifestaciones hemos escuchado, tanto al Ministro como al nuevo Secretario de Estado de Energía, repetir que, para corregir el problema del déficit tarifario, se aplicarán medidas pensando en el interés general y no en el particular, así como también que la solución al déficit es la de un juego de suma cero.
Nunca tantas, ni tan rápidas, ni tan blindadas decisiones han vulnerado tantos principios como las últimas legisladas en materia de energía; aquellas que abanderando el objetivo o pretexto de reducción del déficit tarifario han diseñado una cura de adelgazamiento radical y cortoplacista que vulnera principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos, el de seguridad jurídica, confianza legítima, rentabilidad razonable, así como los límites de las expropiaciones, incluido en el Convenio de la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
El sentido común invita a pensar que la toma de decisiones importantes requiere, al menos como punto de partida, conocer la base sobre la que realizar cálculos correctos y esto, al menos en lo que respecta a la tecnología termosolar, no se ha hecho. Las previsiones que toma como referencia el RDL 2/2013 estiman para finales de este ejercicio un total de 2.521 MW instalados, cuando en realidad sólo se alcanzarán los 2.300 MW. Esta sobreestimación se traslada a las primas que, lógicamente, no hubieran sido de 1.570 millones antes de las últimas medidas, sino que hubieran sido, en todo caso, de 1.270 millones. O lo que es lo mismo, el simple ahorro de los 300 millones derivado de este error en el sector termosolar haría innecesario la adopción de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley y la Orden Ministerial cuyas consecuencias, de mantenerse, serán inasumibles para esta industria. Sólo un apunte, la termosolar aportó a nuestra economía, sólo en conceptos de contribución al PIB e impuestos, un total de 2.607 millones de euros en 2012, frente a los 927 millones de euros que recibió en primas.
Otro error de cálculo es hacernos creer que el déficit tarifario -ese que ya ascendía a 14.000 millones de euros en 2008, antes de instalar un MW termosolar en España- está causado por las primas del régimen especial, cuando se debe, a partir de 2008, a la decisión política de no trasladar la totalidad de los costes regulados a los consumidores finales, de los que las primas a las renovables representan sólo la tercera parte.
O lo que es lo mismo, para solucionar un problema no originado por las fuentes renovables se pone el acento en la reducción de los costes del sistema de las renovables, mientras se continúan incrementando los costes de distribución, de cuyo elevado EBITDA presumen las compañías eléctricas; o los anacrónicos costes de la Moratoria Nuclear o de la Interrumpibilidad, cuando el exceso de capacidad instalada lo hace completamente innecesario. Por otra parte se mantienen camuflados en el término de energía del recibo de la luz las cuantiosas subvenciones que siguen recibiendo los ciclos combinados, hoy casi un 20% más elevadas que en 2010.
Sin embargo, el RDL 2/2013 apuesta por la reducción de la retribución a las energías renovables en unos 800 millones de euros -en el caso de la termosolar, unido al impacto de la Ley 15/2012 representa un recorte del 37% en sus ingresos-, mientras que aumentará la retribución de otras actividades reguladas en unos 1.000 millones de euros. ¿Por qué obligar a ir a tarifa a las renovables en lugar de promover una auditoría de costes para fijar una retribución que permita funcionar con una rentabilidad razonable a las centrales nucleares -que no participan en el mercado- o a las hidráulicas, cuya operación combinada con el bombeo debería además realizarse sin ninguna sospecha especulativa?. Pasar a tarifa a las nucleares e hidráulicas podría representar un ahorro de 1.000 millones de euros al año a los costes del sistema.
Otro importante error es no haber evaluado correctamente la pérdida de confianza en la seguridad jurídica de nuestro país de cara a las inversiones extranjeras (y nacionales). Esto trasciende nuestras fronteras y nos llevará a los tribunales en el caso de los inversores nacionales y a las cortes de arbitraje internacional en el caso de los extranjeros -un 35% de la inversión acumulada del sector termosolar, que asciende a cerca de15.000 millones de euros- cuando demanden al Reino de España por inseguridad jurídica. Lo que reclama nuestro gobierno frente a las decisiones expropiatorias e injustas adoptadas en países como Argentina, Bolivia o Venezuela, es aplicado aquí a golpe de Real Decreto Ley con resultados confiscatorios sin posibilidad de recurrir, modular o dialogar.
El sector de las renovables ha sido recurrentemente vapuleado por cambios regulatorios caprichosos desde 2009 y, en concreto, el de la Termosolar por las dos últimas regulaciones con rango de ley, que acabarán por certificar la defunción de una industria emergente y pionera en nuestro país, que tiene incuestionables aportaciones, en términos de generación de empleo y riqueza, seguridad de suministro energético, estabilidad de los precios del pool, atracción de capital extranjero y capacidad de reconversión del tejido industrial tradicional y en la que, además, estamos reconocidos como líderes mundiales.
Contamos con los mejores emplazamientos de Europa para protagonizar un escenario futuro de participación mayoritaria de las renovables en el continente, disponemos de una tecnología como la termosolar cuya producción se ajusta a la curva de la demanda, es predictiva y regular y su capacidad de almacenamiento contribuye a facilitar la gestión del sistema eléctrico, está cumpliendo rigurosamente sus objetivos de planificación y su denostado efecto sobre las primas no representa más del 3% del déficit tarifario acumulado.
¿Por qué destrozar un sector como el renovable que -excluida la hidráulica- representa más del 25% de la generación eléctrica del país? ¿Por qué legislarlo a golpe de reales decretos de ley sin capacidad de recurso efectivo? ¿Por qué pasar ‘ a tarifa’ a las renovables -alguna de ellas al principio de su operación- y no hacerlo con la nuclear o la hidráulica, ambas amortizadas?. ¿Por qué poner en entredicho la seguridad jurídica de las normas que rigen nuestra economía y las inversiones empresariales? ¿Por qué legislar algo tan sustancial para el futuro del sector sin permitir a sus agentes un diálogo abierto y profundo sobre el mix energético óptimo para nuestro país? ¿Por qué no evitar errores de cálculo? Destrozar una industria emergente y cargarse la confianza en la seguridad jurídica de España ¿es defender intereses generales frente a los particulares?
En los últimos meses se ha escuchado que la solución al déficit de tarifa es un ‘juego de suma cero’, pero hasta el momento este se ha saldado con medidas drásticas, severas, erróneas e injustas para el sector renovable. Si de jugar se trata, hagámoslo desde el diálogo, con valoraciones y estimaciones correctas y bajo un enfoque estratégico, que evite destrozar esta industria, la imagen de un país y el contagio al sector financiero.
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