REVE
La eólica, la termosolar y la energía solar fotovoltaica sufren un asalto sin precedentes del gobierno del PP contra las energías renovables.
La política del gobierno de Rajoy, implicado en un grave caso de corrupción puesta de manifiesto en los papeles de Bárcenas, pone en peligro la supervivencia de las energías renovables en España, sobre todo la eólica y la termosolar, sectores en los que España es líder, o era, gracias a empresas como Gamesa, Abengoa, Sener o Acciona.
La Asociación Ventonoso acoge a propietarios de terrenos eólicos en Galicia. Su responsable, José Antonio Diéguez, asegura que la nueva normativa energética (la quinta en el último año) del Ministerio de Industria les afectará frontalmente. “Lo que va a pasar es que muchos promotores no van a rentabilizar su inversión y empezarán a no pagar las rentas”, avisa. De hecho asegura que “muchos propietarios” ya han sufrido retrasos en los pagos del alquiler en los últimos meses. “Esto va a ser como con los pisos. A las promotoras eólicas no le van a dar las cuentas y no serán capaces de pagar la hipoteca”.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) tomará “todas las acciones legales a su alcance” contra los “inaceptables” recortes al sector eólico aprobados este viernes por el Consejo de Ministros y, a la espera de reconocer en detalle el nuevo real decreto ley, lamenta la “absoluta falta de diálogo con el Gobierno”.
El sector eólico considera inaceptables las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros en relación al sector. Aunque no ha tenido acceso al texto del Real Decreto-Ley y no conoce su contenido en detalle, dada la absoluta falta de diálogo con el Gobierno, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el paso de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada eliminando el resto de posibilidades que contempla la normativa, así como la reducción de los parámetros con los que se actualizan las primas, ponen al sector eólico en una situación insostenible.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado hoy en 300 millones el impacto que tendrán las medidas aprobadas por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, y ha amenazado con emprender “todas las acciones legales a su alcance”.
Estas medidas retroactivas aprobadas hoy son la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial. Debido a la incertidumbre regulatoria, ya se ha destruido el 40% del empleo generado por el sector en España, una tendencia que continuará si el Gobierno no le pone remedio.
Se trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo. Asimismo, van en contra del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.
Estas medidas han llegado además en un momento en el que el sector está intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo constructivo con el Gobierno para plantear su futuro. La Ley del Sector Eléctrico establece claramente que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad. Y lo que es más grave, indica que toda norma deberá respetar el principio de rentabilidad razonable, contra el que estas medidas atentan claramente.
La mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007. Tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada (la posibilidad de ir a mercado sin prima también existe, pero es inviable con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras) supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones. Ello vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país.
En la misma línea, el hecho de que los incentivos pasen a actualizarse en base a la inflación subyacente (que no incluye ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados) a impuestos constantes en vez del IPC supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez del aumento del que habla el Gobierno. Cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable.
Aerogeneradores de un parque eólico.
La suma de las dos medidas aprobadas hoy tendrá un impacto de unos 300 millones de euros para las empresas eólicas en 2013.
El sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% a la generación. Si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas, se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado –de modo que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario- y supone una fuerte pérdida de competitividad. Se trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima. En total, el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación.
Además, en 2013 la cantidad total de primas que el sector percibiría respetando la normativa a actual sería de unos 1.950 millones, según los cálculos de AEE, una cantidad muy similar a la recibida en 2012.
Las últimas medidas de no revisión conforme al IPC de las primas a las energías renovables y de eliminación de la posibilidad de recibir prima más precio de mercado “acaban de destrozar” el sector termosolar y suponen una “expropiación forzosa sin pagar”, afirmó el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo.
Luis Crespo aseguró que el sector se encuentra “indefenso” y “sin capacidad de recurso efectivo” ante las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno, que, sumadas a los anteriores recortes a la termosolar, “vulneran todo lo vulnerable” y suponen un “atropello” para esta tecnología.
El conjunto de medidas recientes reduce los ingresos de la termosolar en más de un 30%. Las centrales de energía solar termoeléctrica, que no han tenido responsabilidad en el déficit tarifario, resultan las más perjudicadas.
Resulta paradójico que el Presidente del Gobierno reclame en el exterior la seguridad jurídica que conculca en su país
El Gobierno tira por la borda la oportunidad histórica de liderar a nivel internacional un sector emergente a nivel mundial
El conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas, con el impuesto general del 7%, la eliminación de la prima a la parte imputable al gas, que en los análisis de inversiones era considerado “un todo” junto con la prima y la retirada de la opción pool + prima aprobada hoy mismo por el Consejo de Ministros, representan un impacto acumulado por encima del 30% de reducción de ingresos y sitúa a los proyectos termosolares en situación de default.
Resulta sorprendente escuchar al Presidente del Gobierno reclamar seguridad jurídica a las inversiones españolas en el exterior cuando practica lo contrario en nuestro país.
También resulta triste escuchar como justificación, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que estos recortes en el sector renovable (y particularmente en el termosolar) se hacen para no subir la luz a los ciudadanos, cuando la medida del impuesto a la generación fue automáticamente repercutida por el Régimen Ordinario nada más se promulgó la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.
Si el Ministerio busca reducir los costes del sistema eléctrico ¿por qué no pone, por ejemplo, a tarifa a la nuclear y la gran hidráulica?
Las referencias que parece manejar el Ministerio sobre la rentabilidad de las centrales termosolares corresponden a las deformadas informaciones de las compañías eléctricas opuestas a su desarrollo cuando recientemente se ha podido conocer las elevadas provisiones efectuadas por Siemens de su negocio termosolar en España o que la única central de propiedad de una gran eléctrica española tiene elevadas pérdidas acumuladas desde su entrada en operación hace varios años.
Es inaudito que este tipo de medidas se improvisen sin una memoria económica que evalúe las consecuencias en un sector con contribuciones anuales al PIB de 2000 millones de euros en los últimos años y con 25.000 trabajadores.
No podemos entender cómo el Gobierno destruye un sector como el Termosolar que ni ha sido ni será responsable del déficit tarifario y que había posicionado a nuestro país en la vanguardia de un sector con enormes expectativas en el mundo entero. Con esta medida se han cercenado las capacidades de las empresas termosolares para su internacionalización y para el mantenimiento de su posición de liderazgo tecnológico.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) rechaza las medidas anunciadas hoy por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La modificación del método de actualización de las tarifas conlleva la reducción de la retribución de la producción eléctrica fotovoltaica y aumenta el número de instalaciones condenadas a la insolvencia.
De acuerdo con el Real Decreto 661/2007, la tarifa fotovoltaica se iba a actualizar en 2013 en función del IPC -0,5 puntos, que suponía un 2,975%. Tras la decisión del Gobierno de actualizar la tarifa en función de la inflación subyacente a impuestos constantes, la actualización se queda en un -0,028%. Es decir, las instalaciones cobrarán menos.
El sector fotovoltaico ya soporta un recorte retributivo aprobado por el anterior Gobierno del 30% durante los años 2011, 2012 y 2013, que, a partir de ese momento, se queda en el 10% durante el resto de vida útil de las instalaciones. A este recorte se suma el impuesto del 7% a la generación que se aprobó en diciembre y que la fotovoltaica asume directamente.
Sólo con la aplicación de esos dos recortes, un número muy significativo de plantas entrarán en suspensión de pagos durante este año, obligando a sus propietarios a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacerlo, a entregar su instalación a la entidad financiera.
El nuevo ajuste, acometido con total ausencia de diálogo, no hace otra cosa que empeorar una situación dramática en la que decenas de miles de inversores en energía fotovoltaica están atrapados por haber confiado en la seguridad jurídica del Reino de España.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la patronal de la energía solar fotovoltaica en España. Formada por más de 330 empresas y entidades de toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España y aglutina a su práctica totalidad: productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, módulos y componentes, distribuidores…
http://unef.es/category/comunicados-prensa/
