Eólica en Cataluña: el país del nimby

Vuelve el no; aunque en Catalunya las protestas contra infraestructuras e instalaciones nunca han desaparecido del todo. En Catalunya, el 60% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Los recursos energéticos autóctonos son escasísimos, pero buena parte de los proyectos de energías renovables tropiezan con las plataformas ciudadanas.

Las fuentes renovables sufren muchas veces un via crucis en Catalunya. El último ejemplo es la oposición despertada por la primera plataforma eólica marina experimental, impulsada por el Institut de Recerca de Catalunya frente a l’Ametlla de Mar. El proyecto de la plataforma eólica marina resume la grave situación que puede provocar el rechazo popular a una instalación relevante. Se trata de una iniciativa de desarrollo tecnológico e innovación que podría permitir a Catalunya ser pionera en el desarrollo eólico en aguas profundas, donde los vientos son un recurso limpio y constante. En este caso, al frente de la oposición se ha puesto una nueva plataforma en alianza con el propio Ayuntamiento de l’Ametlla. El resultado es que un alcalde de CiU se opone a uno de los proyectos estrella del actual gobierno autonómico de CiU.

Y ahora las protestas se dirigen a combatir las centrales que utilizan leña y restos forestales para producir electricidad y calor (cogeneración con biomasa forestal). El 59% del territorio de Catalunya es zona forestal. Los aprovechamientos silvícolas son escasos, pero estas centrales son combatidas con beligerancia. Múltiples y variadas razones explican la oposición.

Los proyectos de plantas de cogeneración eléctrica con biomasa forestal tropiezan con oposición en el municipio de La Garriga (Vallès Oriental) o La Poal (Pla d’Urgell), mientras sale adelante el proyecto de Cassà, desde donde se envían ahora astilla a Italia. El rechazo a que se desfigure el paisaje, temores a los impactos ambientales o en la salud y el sentimiento de que se transforma la identidad del territorio pueden ser algunas de las causas. Las protestas galvanizan ciertos estados de malestar popular y refuerzan los agravios territoriales, mientras que algunos proyectos pasan a simbolizar de golpe el deterioro ambiental global.

Miedos y descalificación ruidosa

Numerosos expertos relacionan las protestas con el hecho de que Catalunya es un país muy denso, con áreas geográficas habitadas muy localizadas y en donde las actividades se tienen que situar cerca de las urbanas, cuya población teme las molestias.

Según el ecólogo Ramon Folch, Catalunya vive inmersa en el fenómeno "nimby" (siglas de la expresión inglesa traducida como "no en mi patio trasero"), en el que aprecia comportamientos muy egoístas. Para Folch, el debate no debería girar en torno a si se coloca una instalación "aquí o allá", sino en garantizar que se haga bien.

Folch precisa que las protestas son legítimas en un Estado de derecho, pero pide rigor. "Dos o más ya forman una plataforma. Cualquier proyecto resultado de meses de trabajo honesto de técnicos y expertos no es nada ante la descalificación ruidosa de cualquier plataforma improvisada". En su opinión, las administraciones deberían escuchar las quejas para espantar los temores, mientras que demasiadas veces optan por un apaciguamiento contemporizador. En su opinión, a la "frivolidad de algunas plataformas" se une "la pusilanimidad de determinados poderes públicos", lo que trae consigo la "tiranía de los chillones".

"No parar el país"

Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental, cree algo "lógico" que se alberguen inquietudes cuando se habla de centrales de producción eléctrica cerca de casa o que se pida información sobre emisiones que salen por chimeneas de 40 metros. "Sin embargo, esto no puede dar lugar a que una minoría diga mentiras, o a poner en entredicho la acción de la Administración y, en definitiva, parar el país", señala.

"Las plantas de biomasa forestal nos ayudan a mejorar la gestión forestal, que está dejada de la mano de Dios en Catalunya, y, además, evitan los gastos en la prevención y la lucha contra los incendios, porque en el bosque es mejor prevenir que curar", agrega Jaume Morron, responsable de DialEc, empresa dedicada a la divulgación de las energías renovables. Morron reclama una actitud más proactiva por parte de las empresas y administraciones para informar de estos proyectos.

"Sólo vemos bien las plantas de biomasa de pequeña escala, porque estamos a favor de la energía distribuida. Además, se debe elegir bien la ubicación y asegurar que tengan una alta eficiencia energética", dice Mercè Girona, del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius.

Posición de Greenpeace

Mientras tanto, Greenpeace considera que las plantas de producción eléctrica con biomasa (astillas, leña y restos vegetales) merecen todo el apoyo de esta organización. "Apoyamos estas plantas. Son indudables son ventajas. Pero se trata de que la extracción forestal sea cuidadosa, y se garantice la capacidad de reposición en el bosque", dice José Luis García, experto de energía de esta organización.

Greenpeace acepta este aprovechamiento de la biomasa; pero lo que no ve aceptable es que se quemen residuos tóxicos o productos con sustancias cloradas que pueden dar lugar a contaminación. "En cambio, la combustión de estos restos vegetales no tiene por qué dar mayor problemas si no va acompañada de otros productos añadidos y si se respetan los límites de emisiones", dice José Luis García. "Pero lo que es importante es que no haya una mezcla de la biomasa con otras cosas". Esta organización prefiere además que se dé un aprovechamiento en plantas de cogeneración, para que se pueda utilizar el calor.

Licencias bajo control

La directora general de Qualitat Ambiental intenta ahuyentar la preocupación de algunas plataformas ciudadana que han expresado su temor a que en estas centrales de biomasa no sólo se utilicen restos forestales, sino que se también incineren todo tipo de desechos. Assumpta Farran aclara que los límites sobre emisiones contaminantes que rigen para las plantas de biomasa "no tienen nada que ver" con los que tienen las incineradoras, que "son extremadamente más exigentes". Farran aclara que si el promotor de una central de biomasa quiere hacer un cambio de actividad y usar otro combustible, lo debe solicitar. "De ningún modo lo puede hacer directamente, pues eso supondría una infracción", dice. En ese caso, la administración ambiental ha de autorizar el cambio de combustible y es la responsable de "exigir el cumplimiento" de la ley de incineración de residuos.

Mejorar la información y la formación

Maite Macià, directora del Institut Català d’Energia sostiene "que haya oposición social a estos proyectos no es agradable, pero hay que mirar de dónde procede esta oposición. A veces son problemas urbanísticos y a veces quejas medioambientales. Lo importante es conseguir que, al fina, se consigan infraestructuras idóneas. Superados esos obstáculos, es cuando se obtiene la autorización de energía", dice "Es básico dar buena información sobre lo que significan los proyectos de plantas de biomasa, y dar formación a la gente. Se debe formar sobre la tecnología que sea emplea, sobre sus impactos y sobre la tramitación necesaria. Y la transparencia es fundamental. La información seguridad y tranquilidad. Y ese camino debemos trabajar todo, incluidas las administraciones y los promotores".

Sector necesario

Joan Rovira, secretario general del Consorci Forestal de Catalunya, señala que las plantas de biomasa forestal han acumulado una gran experiencia en países como Austria y los países nórdicos, en donde están muy perfeccionados los sistemas de control de emisiones. Rovira insiste en que se trata de utilizar como combustibles productos naturales como son los restos vegetales. La gran ventaja además es que las emisiones de CO2 generadas no computan en los inventarios de gases invernadero, porque no son combustibles fósiles (sino que corresponde a CO2 correspondiente al ciclo del carbono en la atmósfera). Los promotores de estos proyectos esperan ahora además que el Gobierno se muestre sensible e incluya excepciones para el desarrollo de esta fuente de energía, después de que el Ministerio de Industria decretara la paralización de las ayudas a las energías renovables. Sin una compensación en la retribución, los proyectos difícilmente pueden salir adelante, admite Rovira.

Diversos sectores del mundo forestal se muestras muy preocupados por el "hachazo" que ha dado al Gobierno a las fuentes renovables, y lamentan la inseguridad jurídica en la que quedan también los proyectos de biomasa, cuyos logros están muy lejos de las metas del plan de fomento de las energía renovables aprobado en su día.

El temor es que las injustificadas protestas se extiendan a proyectos que persiguen aprovechar la electricidad utilizando cultivos energéticos (es decir, plantas o árboles útiles por sus ventajas energéticas). "Hay demasiada desinformación sobre una tecnología que hace años que ha demostrado que las cosas se puede hacer bien", dice Rovira.

L’Ametlla de Mar se moviliza en contra del parque eólico marino

El primer parque eólico marino proyectado en el litoral español, frente a la costa de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) con una inversión estimada de 140 millones de euros, ha topado con el rechazo de parte de los vecinos y de todos los partidos políticos del Ayuntamiento, incluido el alcalde, Andreu Martí (CiU). La Coordinadora No al Parc Eòlic a l’Ametlla de Mar, surgida del tejido social local, pondrá a prueba por vez primera su poder de movilización el domingo 26 en una manifestación convocada en contra de la instalación de los molinos. "Queremos hacer ver la presión social", destaca Mayte Puell, su portavoz.

Los opositores al parque eólico marino experimental alertan del impacto negativo de los aerogeneradores sobre el paisaje costero de l’Ametlla de Mar, uno de los mejor conservados de todo el litoral catalán, con efectos "nefastos" para el turismo. Aunque el proyecto tiene el respaldo directo de la Generalitat, el alcalde de l’Ametlla, convergente, argumenta que el parque eólico debe cambiar su ubicación, alejándose de la franja costera. En la primera fase del proyecto, ya en información pública, se construirán 4 aerogeneradores a 3’5 kilómetros de la costa.

Los promotores del proyecto Zèfir, con el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) a la cabeza, en colaboración con las universidades catalanas, advierten que se podría dejar escapar la oportunidad de situar al país en el mapa mundial de las energías renovables. La oposición local en contra del proyecto preocupa a los valedores del parque eólico marino, a pesar de que el Ayuntamiento de l’Ametlla a penas tiene competencias para frenarlo, pues los molinos se construirán en espacio marítimo-terrestre. Los grupos municipales de CiU, PP, ERC y PSC mantienen por ahora una sola voz, asegurando que si la Generalitat no da marcha atrás, el Ayuntamiento convocará un referéndum.

La plataforma opositora, que ha presentado alegaciones al proyecto, busca el mayor apoyo social advirtiendo del impacto sobre el fondo marino, con consecuencias negativas también sobre los recursos pesqueros. La entidad Seo/Birdlife también se ha posicionado en contra alertando de las consecuencias sobre las aves marinas en una zona de gran biodiversidad, con el paso de aves migratorias con origen o destino al delta del Ebro.

Los argumentos en contra del proyecto están siendo rebatidos públicamente por el sector eólico, en una pugna abierta para ganarse el favor de la opinión pública. Los defensores del proyecto aseguran por ejemplo que es falso, como alertan desde la Coordinadora del No, que la instalación de los molinos vaya a dañar los restos de antiguos naufragios de embarcaciones encontradas frente a esta costa. "Ninguno de los que han sido inventariados o catalogados está dentro de la zona de actuación de la primera fase del proyecto", asegura la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat).

Por Antonio Cerrillo y Esteve Giralt, www.lavanguardia.com