La hidroeléctrica de Belo Monte tendrá un gran impacto en la Amazonia

Brasil pretende construir 30 centrales hidroeléctricas en los próximos nueve años, de acuerdo al Plan de Expansión de Energía 2020 divulgado por el Ministerio de Minas y Energía. COIAB, una alianza que representa a muchas organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña, ha dicho que “rechaza vehementemente y con profunda indignación la decisión de IBAMA”, y ha declarado que el Gobierno no acepta el diálogo con los pueblos indígenas y trata sus intereses con “un autoritarismo nunca antes visto en nuestra joven democracia… Lo que de verdad quiere con su modelo de desarrollo es destruir a las comunidades indígenas”.

Advierte de que “el movimiento indígena amazónico está preparado, nuestra fortaleza es el río Xingú”. La determinación del Gobierno de seguir adelante le pese a quien le pese va en contra de la legislación nacional e internacional. La fiscalía federal de Brasil presentó una demanda legal contra la presa y en mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades brasileñas que consultaran a todas las comunidades indígenas que se verán afectadas por la presa antes de comenzar la construcción, de acuerdo con la legislación brasileña e internacional.

La Comisión también instó a Brasil a adoptar “medidas exhaustivas” para proteger las vidas de los indígenas no contactados de la zona y para evitar que se propaguen enfermedades. La Asociación Antropológica de Brasil ha expresado su consternación en un comunicado en el que asegura que la licencia recoge 75 condiciones, pero “no hay en ella mención de las poblaciones indígenas ni proyectos medioambientales dirigidos a dichas poblaciones”.

El Movimento Xingu Vivo para Sempre, una gran alianza de movimientos sociales y medioambientales en la región del río Xingú, ha declarado en un comunicado: “No cederemos ni un centímetro. Con cada error, con cada mentira, crecen nuestra indignación y nuestra fuerza para luchar”.

De construirse, Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo, y destruiría más de 1.500 kilómetros cuadrados de tierra, además de reducir la pesca y el agua dulce de las que depende la supervivencia de varios pueblos indígenas de la zona.

Grupos en todo Brasil pidieron a la presidenta Dilma Rousseff que paralizara la construcción de la destructiva presa en el río Xingu. El mismo mensaje se repitió en las manifestaciones de Australia, Canadá, Irán, México, Turquía, Estados Unidos y al menos nueve países más.

Simpatizantes de Survival International entregaron cartas en las Embajadas de Berlín, Londres, Madrid y París en las que expresan su preocupación por los pueblos indígenas que viven en la zona.

Las acciones internacionales son una manifestación de la indignación que ha provocado el comienzo de la construcción de la presa, a pesar de las numerosas violaciones medioambientales y de derechos humanos y de la oposición masiva que el proyecto genera entre la población local.

La presa destruirá grandes extensiones de tierra de la que depende de la supervivencia de numerosos indígenas, entre ellos indígenas aislados altamente vulnerables.

Los indígenas kayapós de la región han advertido de que, si se construye la presa, el Xingu podría convertirse en un "río de sangre".

La portavoz indígena Sheyla Juruna ha comentado recientemente que los indígenas "no están en contra del desarrollo… pero hay otras formas de generar energía… Consideramos el río como nuestro hogar… Si el Gobierno insiste en Belo Monte, habrá guerra".

A comienzos de este año, simpatizantes de Survival se unieron a indígenas amazónicos en su manifestación frente a la oficina londinense del banco brasileño de desarrollo BNDES, que está financiando gran parte del proyecto de Belo Monte.

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: "Es gratificante ver tanto apoyo internacional a los indígenas del río Xingu. Estaría bien que su propio Gobierno mostrara la misma preocupación. El banco de desarrollo estatal de Brasil no debería financiar proyectos que se llevan por delante el derecho de los indígenas a la propiedad de sus tierras y recursos".

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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